En los alegatos de clausura del juicio oral que comenzó en mayo de 2025, la Fiscalía expuso ante el Tribunal Oral en lo Penal un entramado delictual que calificó como el mayor fraude contra una institución estatal de salud en la historia reciente del país. Durante los diez meses de audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas para acreditar la existencia de un mercado ilícito de compra y venta de licencias médicas, en el que médicos, captadores y dueños de centros de salud actuaron coordinadamente para defraudar al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y a las Isapres, generando perjuicios por miles de millones de pesos.
EL ENTRAMADO DELICTUAL
De acuerdo con la acusación, los imputados organizaron un esquema en el que se emitieron licencias médicas falsas sin que mediara atención médica real. La Fiscalía sostuvo que las conductas configuran los delitos de falsedad en la emisión de licencias médicas (artículo 202 del Código Penal, en relación con el 193) y fraude de subvenciones (artículo 470 N° 8, en relación con el 407 del mismo cuerpo legal). Además, se imputó el blanqueo de capitales, al reintroducir en el sistema financiero los frutos ilícitos mediante actos de ocultamiento y simulación.
LOS CENTROS MÉDICOS FANTASMAS
La prueba documental incorporada durante el juicio permitió establecer que las sociedades creadas o utilizadas por los acusados —como Servicio Médico Doctor Mitite SpA, Prodimec SpA, Servimed SpA, Consulta Médica Prevenir SpA, Alianza Med SpA, Asimed SpA, Centro Médico Acomed SpA, Eimed SpA, Centro Médico Enfoque Salud SpA, Matlife SpA, Sin Vitais SpA, Salud Vital SpA, Unisalud SpA, Humana Salud SpA y Nelumbo SpA— no respondían a un interés sanitario legítimo, sino a la necesidad de dar soporte formal al mercado ilícito. Las escrituras de constitución, los domicilios registrados (muchos de ellos oficinas virtuales o viviendas particulares) y los números telefónicos asociados a los imputados fueron exhibidos como elementos que vinculaban a cada acusado con la estructura delictual.
LAS INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS
Las interceptaciones telefónicas, incorporadas como documentos 419, 359, 361, 371, 372, 373, 375, 378, 380, 382, 384, 395, 397 y 400, revelaron las comunicaciones entre los acusados para coordinar la emisión de licencias, acordar precios, distribuir beneficios y reclutar clientes. En las conversaciones, los imputados discutían abiertamente los valores de las licencias según los días de reposo (11, 15, 21 y 30 días), los diagnósticos sugeridos y las comisiones para los captadores. Por ejemplo, en el documento 372, Álvaro Ñeco indicaba a una clienta: “Usted elige el diagnóstico… puede hacer estrés laboral”. Este tipo de diálogos, junto con los registros de llamadas, fueron corroborados por los funcionarios policiales que declararon en el juicio.
LA PRUEBA DIRECTA DE LOS AGENTES REVELADORES
La Fiscalía incorporó testimonios de agentes reveladores —Manuel Ormeño, Giovana Flores, Christopher Carrasco y Constanza Bravo— quienes, mediante contactos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, obtuvieron licencias médicas sin recibir atención real. Los agentes relataron cómo se les solicitaba llenar formularios con datos personales, elegir los días de reposo y el diagnóstico, y realizar transferencias bancarias a cuentas de los centros médicos. Los comprobantes de pago, las licencias emitidas y los informes médicos adjuntos fueron exhibidos como otros medios de prueba (números 14, 15, 17 y 18). En un caso, el agente revelador Christopher Carrasco recibió una licencia por 30 días bajo el diagnóstico de “estrés laboral” tras pagar $71.000 en efectivo en la consulta médica Prevenir, sin que existiera consulta previa.
Además, la revisión de los teléfonos incautados a los imputados Álvaro Ñeco, Lisney de la Oz y José Ñeco (medios de prueba números 42, 43 y 47) evidenció conversaciones en las que se hablaba de ganancias diarias por la venta de licencias, se coordinaban precios y se intercambiaban currículos de médicos dispuestos a emitir documentos falsos. En uno de los mensajes, Lisney de la Oz admitía no conocer el valor de una consulta médica real, lo que reforzó la tesis de que en su centro no se realizaban atenciones legítimas.
CONCLUSIONES
El Ministerio Público sostuvo que la prueba rendida permitía acreditar, más allá de toda duda razonable, que los acusados actuaron de manera deliberada, sistemática y criminal, vulnerando la ética médica y defraudando la seguridad social. En los alegatos, la Fiscalía pidió que se apliquen las sanciones contempladas en la ley, conforme a la calificación jurídica de los hechos y a la participación de cada imputado en el esquema. El tribunal ha programado la continuación de la audiencia para la próxima semana, donde se escucharán las alegaciones de las defensas y del Consejo de Defensa del Estado.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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