La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encendió las alertas esta semana al cuestionar la ausencia de un plan de seguridad formal por parte del actual gobierno, liderado por José Antonio Kast. En declaraciones a Radio Pauta, la excandidata presidencial del PPD afirmó que la situación es preocupante desde múltiples aristas, pero fue enfática en deslindar responsabilidades: la falla no es de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sino del Ejecutivo en su conjunto. Tohá recordó que Steinert asumió el cargo recientemente, mientras que el diseño de una política pública en esta materia debió haberse fraguado durante años.
LA INSTITUCIONALIDAD DE SEGURIDAD EN CHILE
Tohá subrayó que Chile cuenta con un entramado normativo e institucional robusto en materia de seguridad, particularmente asociado a los planes bienales, herramienta establecida en el ordenamiento jurídico nacional. Estos instrumentos, según explicó, constituyen hojas de ruta elaboradas con estudios profundos que abordan prevención, barrios, infancia, crimen organizado, economías criminales, desafíos policiales y dimensiones internacionales.
La exsecretaria de Estado recordó que el último plan bienal quedó prácticamente terminado durante su gestión. “No es que haya una hoja en blanco, hay una hoja que está escrita y hecha en base a estudios profundos”, afirmó. Para Tohá, la tarea del nuevo gobierno es revisar, complementar y poner énfasis propios, pero no iniciar desde cero. “Hacer borrón y cuenta nueva sería un error”, sentenció.
CRÍTICA A LA FALTA DE FORMALIDAD
La exministra no ahorró críticas al sector que hizo de la seguridad su principal bandera de campaña. “Es preocupante que un sector que prometió tanto en seguridad muestre un desarrollo tan precario de lo que se quiere hacer”, indicó. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad última recae en el gobierno de Kast, no en la ministra Steinert, quien “llegó el último día”.
Tohá advirtió, además, sobre el riesgo de improvisar un documento para calmar a la prensa. “Encontraría peor que no tener plan, que ahora se crea que en cinco minutos se debe hacer un papel para dejar tranquila a la prensa y decir ‘aquí está el plan, no me molesten más’”, sostuvo.
IMPLICANCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
Desde una perspectiva jurídico-administrativa, la ausencia de un plan de seguridad formal podría tener consecuencias en la ejecución presupuestaria y en la asignación de recursos destinados a las policías y al Ministerio Público. En Chile, los planes bienales de seguridad pública se enmarcan en la Ley N° 20.502 (que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública) y en el D.L. 830, que regula la administración financiera del Estado. La demora en definir prioridades puede afectar la coordinación interinstitucional y la implementación de programas ya diseñados.
Tohá recalcó que la institucionalidad chilena es “muy moderna y sofisticada”, y que existe un camino ya trazado que solo requiere actualización y énfasis. “Lo que hay que hacer es tomarlo, ponerlo al día, complementarlo con los énfasis del gobierno, pero no hacer borrón y cuenta nueva”, concluyó.
La exministra se sumó así a las voces que exigen mayor claridad y formalidad en la estrategia de seguridad, en un contexto donde la ciudadanía demanda respuestas concretas frente al aumento de delitos violentos y crimen organizado. El debate queda abierto sobre si el actual gobierno optará por ajustar el plan existente o por diseñar uno completamente nuevo, decisión que –según Tohá– definirá la seriedad con que se aborda el problema.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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