El Registro de Vándalos e Incivilidades, impulsado por el Gobierno, ha generado un intenso debate entre exautoridades y expertos debido a sus posibles efectos en beneficios sociales y garantías fundamentales. La propuesta busca crear una base de datos con antecedentes de quienes cometan delitos o incivilidades, como daños a infraestructura pública, rayados o consumo de drogas en la vía pública. Quienes ingresen al registro podrían perder beneficios sociales y ver limitados trámites como la devolución de impuestos o la obtención de documentos de identidad.
DEBATE SOBRE GARANTÍAS Y SANCIONES
El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, advirtió que la efectividad del registro requiere que las inclusiones se basen en sentencias judiciales, no en denuncias o detenciones, para evitar arbitrariedades. También cuestionó que la pérdida de beneficios sociales sea una sanción equitativa, pues afecta más a quienes dependen de ayudas estatales y deja sin consecuencias a quienes tienen mayores recursos. Propuso avanzar hacia fórmulas de reparación del daño causado.
La exministra Carolina Tohá señaló que los beneficios sociales no deben usarse como mecanismo sancionatorio, ya que generan discriminación social al castigar solo a quienes los necesitan. En su lugar, sugirió sanciones como trabajos comunitarios, que se apliquen por igual a todos los infractores. Indicó que el mayor problema del vandalismo es identificar a los responsables, no la falta de castigos.
CUESTIONAMIENTOS A LA PROPUESTA
El exministro Luis Cordero advirtió que la iniciativa podría confundir delitos graves con incivilidades, y que antes de crear un registro el país debe discutir cómo abordar estas últimas. Señaló que retirar beneficios sociales choca con límites constitucionales, como la imposibilidad de suspender derechos previsionales. Para Cordero, si no se atiende el fondo del problema, el registro corre el riesgo de ser meramente simbólico.
El cientista político Alfredo Joignant criticó el posible sesgo clasista del registro, al señalar que personas de clase alta, con educación y salud privadas, no perderían beneficios sociales. El sociólogo Eugenio Tironi calificó la medida como una forma de autoritarismo de terciopelo, que excluye a quienes no cumplen ciertas normas, y advirtió sobre precedentes históricos peligrosos.
APOYO DESDE EL OFICIALISMO
El diputado Eduardo Cretton (UDI) valoró la iniciativa y afirmó que nadie que dañe el patrimonio público debería seguir recibiendo beneficios pagados por todos los chilenos. El diputado Mauro González (RN) defendió sanciones severas, como altas multas o cárcel, y la reducción de derechos sociales para quienes cometan actos como la venta ilegal de alcohol o el consumo de drogas en la vía pública.
La diputada Sara Concha (PSC) respaldó la creación del Registro Único de Vándalos como parte de los compromisos de campaña y una herramienta necesaria frente a hechos de violencia recientes, incluyendo agresiones a autoridades. Desde el oficialismo, la medida fue celebrada como un avance en seguridad ciudadana.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
