El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, quien además se desempeñó como subsecretario del Interior durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, ofreció una mirada crítica sobre la actual administración en materia de seguridad. En una entrevista concedida al programa Desde la Redacción de La Tercera, el abogado y doctor en Derecho abordó la necesidad de valorar los avances logrados en períodos anteriores y advirtió que la gestión en seguridad no puede construirse desde cero cada cuatro años.
EL VALOR DE LOS ACUERDOS TRANSVERSALES
Cordero fue enfático al destacar que durante la administración anterior se alcanzaron acuerdos significativos entre el gobierno y la oposición, los cuales permitieron un fortalecimiento institucional clave. Entre esos logros mencionó la creación del Ministerio de Seguridad, el robustecimiento del Ministerio Público y de las policías, así como la dictación de más de 70 leyes. Para el exsecretario de Estado, reconocer estos esfuerzos no solo valida el trabajo del gobierno saliente, sino también el de la oposición que apoyó esas iniciativas.
“Cuando uno reconoce los esfuerzos de la administración anterior, está reconociendo también los esfuerzos de la oposición”, sostuvo, subrayando que los acuerdos gobierno-oposición son los que realmente fortalecen la política de seguridad como una política de Estado, y no como una bandera de un gobierno de turno.
En ese contexto, Cordero cuestionó que la actual administración no haya reconocido públicamente la baja sostenida en la tasa de homicidios, que según cifras oficiales ha disminuido más de un 20% desde 2022. A su juicio, ese es un logro del Estado chileno en su conjunto, no de un gobierno específico, y pedir que se reconozca debiera ser algo natural.
CRISIS PENITENCIARIA: SOBREPOBLACIÓN Y DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA
Uno de los temas más urgentes que abordó Cordero fue la crisis del sistema penitenciario. Señaló que Chile enfrenta la situación más compleja de sobrepoblación desde la crisis de 2010. En cuatro años, la población privada de libertad pasó de 42 mil a 64 mil personas, lo que ha generado un déficit crónico de metros cuadrados disponibles.
El exministro recordó que la administración anterior diseñó un plan de infraestructura penitenciaria a través del sistema de concesiones, con capacidad para aproximadamente 15 mil nuevas plazas. Sin embargo, advirtió que las restricciones en la construcción de infraestructura en Chile impiden replicar modelos extranjeros y que no será posible construir 20 mil plazas antes de que termine el actual gobierno.
Además, Cordero destacó que la sobrepoblación impide una adecuada segregación de la población penal, genera un desgaste acelerado de la infraestructura y afecta gravemente al personal de Gendarmería. El proceso de modernización de esa institución, dijo, es igualmente relevante que la construcción de nuevos espacios.
PLAN DE SEGURIDAD: COMUNICACIÓN Y CONTINUIDAD
Consultado sobre si tiene claro el plan de seguridad del gobierno actual, Cordero fue franco: “A mí todavía me cuesta entenderlo”. Si bien reconoció que la ministra Trinidad Steinert ha presentado el plan al Congreso, consideró que una de las debilidades del Ejecutivo es cómo comunica su estrategia. Insistió en que, tratándose de un tema tan relevante para el país, el gobierno debe despojarse de la idea de que su plan es exclusivamente propio y entenderlo como la política del Estado de Chile.
En cuanto a la prioridad que se le dio a la seguridad durante la campaña, Cordero señaló que gobernar es acción, no relato. Los ciudadanos, dijo, esperan hechos, medidas y resultados concretos, y esos resultados requieren la integración de múltiples agencias estatales, no solo del Ministerio de Seguridad.
COMISIÓN DE VERDAD Y NIÑEZ: PREOCUPACIÓN POR LA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS
El exministro también se refirió a la reciente renuncia de la presidenta y tres comisionados de la Comisión de Verdad y Niñez. Cordero expresó su preocupación no solo por ese hecho puntual, sino por la agenda de derechos humanos en general. Recordó que esta comisión fue comprometida durante la administración anterior y que tiene por objetivo determinar la verdad como mecanismo de reparación para niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo tutela del Estado, tanto en dictadura como en democracia, y que sufrieron vulneraciones de derechos.
Para Cordero, la Comisión de Verdad es un instrumento relevante para la justicia y la reparación, y su debilitamiento representa un retroceso en una materia que debiera ser transversal.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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