El traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) volvió a la discusión legislativa con fuerza. En la comisión de Hacienda del Senado, el Ejecutivo no solo respondió a las críticas de las AFP sobre el proyecto, sino que anunció la presentación de indicaciones para ajustar puntos clave de la iniciativa.
La reforma previsional aprobada (Ley 21.735) estableció que a partir de agosto de 2026 el SIS pasará a ser una prestación del nuevo Seguro Social, administrado por el FAPP. Para viabilizar ese cambio, el gobierno anterior ingresó en junio de 2025 un proyecto de ley que regula dicha transferencia. Sin embargo, la iniciativa no avanzó durante la administración Boric y continúa en su primer trámite constitucional.
La semana pasada, el presidente del FAPP, Enrique Marshall, solicitó a los senadores acelerar su tramitación. Este martes, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, acudió a la comisión de Hacienda para fijar la postura del Ejecutivo y anunciar modificaciones.
LAS AFP Y SU CUESTIONAMIENTO AL TRASPASO
Uno de los puntos más álgidos de la sesión fue la crítica formulada por la entonces presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, quien sostuvo que el proyecto no cumplía con el “pleno traspaso” del SIS al Seguro Social que prometía la reforma. Según Yazigi, las AFP continuarían desempeñando funciones operativas, lo que desnaturalizaría el espíritu de la ley.
Ante la consulta del presidente de la comisión, senador Javier Macaya (UDI), sobre por qué se mantendrían ciertas funciones en manos de las administradoras, Cabezón fue clara: la administración de las comisiones médicas debe permanecer en las AFP. Explicó que dichas comisiones evalúan la pensión de invalidez, un beneficio que no solo cubre a afiliados al SIS, sino también a quienes acceden a la pensión básica solidaria de invalidez. Por ello, argumentó que mantener esa gestión en las AFP es técnicamente adecuado.
En cuanto a la gestión operativa —cálculo, cobertura y pago— la subsecretaria reconoció que el tema es complejo. Señaló que la ley atribuye parte de esas funciones al Instituto de Previsión Social (IPS), pero que ese organismo aún no cuenta con la especialización necesaria. Un traspaso abrupto implicaría capacitación y recursos públicos adicionales, por lo que abogó por un proceso gradual.
Macaya, sin embargo, fue enfático al advertir que la falta de recursos o personal no puede ser excusa para no cumplir con lo que establece la ley. “Vamos a cumplir la reforma previsional o no”, planteó el senador, urgiendo al Ejecutivo a resolver el punto a la brevedad.
LAS INDICACIONES QUE PREPARA EL GOBIERNO
El senador Macaya también presionó para que el gobierno ingrese pronto sus indicaciones, advirtiendo que los tiempos legislativos son acotados. Cabezón se comprometió a acelerar el trámite y adelantó que las modificaciones apuntan a dos materias específicas.
La primera se refiere a las reservas especiales. Actualmente, esas reservas se traspasan al FAPP, pero las responsabilidades por siniestros rezagados siguen siendo de las AFP. El Ejecutivo evalúa que las reservas no se entreguen de inmediato, sino que permanezcan en las AFP por un plazo de hasta cuatro años, tal como sugirió la Superintendencia de Pensiones. De esa forma, las administradoras responderían por cualquier rezago posterior.
La segunda indicación busca resolver una aparente contradicción normativa. La Ley 21.735 establece que el pago y cálculo de prestaciones debe ser realizado por el IPS. Sin embargo, el proyecto actual asigna esa función a las AFP. Cabezón explicó que se está analizando si existe una incompatibilidad legal y cómo resolverla sin incrementar el gasto público, dada la estrechez fiscal actual.
URGENCIA POR LOS PLAZOS
Cabezón recordó que la licitación del SIS para el período agosto 2026 – julio 2027 ya fue realizada por las AFP y está vigente. Pero a partir de la siguiente, la responsabilidad recaerá en el FAPP. Para que el administrador pueda preparar las bases de licitación y llamar al proceso, la ley debe estar aprobada antes de fin de año. De lo contrario, se corre el riesgo de no cumplir con la entrada en operación del nuevo esquema en agosto de 2027.
La comisión de Hacienda continuará el debate la próxima semana, con la expectativa de que el Ejecutivo presente sus indicaciones a más tardar la primera semana de junio.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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