COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO AVANZA EN DISCUSIÓN DEL PROYECTO “ESCUELAS PROTEGIDAS” Y FIJA VOTACIÓN PARA EL MIÉRCOLES
En una sesión celebrada la tarde del 12 de mayo de 2026, la Comisión de Educación del Senado continuó el análisis en particular del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, conocido como “Escuelas Protegidas” (Boletín N° 18.156-04). La instancia contó con la exposición de la Asociación Gremial de Psicólogas y Psicólogos Educacionales de Chile (AGPECH), representada por su presidente Juan Ardiles y el miembro de su mesa de investigación Pedro San Martín, quienes entregaron una mirada técnica al debate. Además, se acordó un cronograma para despachar la iniciativa, fijando la votación en particular para el día siguiente a las 11:30 horas.
PLAZO DE INDICACIONES Y AGENDA LEGISLATIVA
Durante la sesión, presidida por el senador Gustavo Sangüza, se definió que las indicaciones al proyecto podrían presentarse hasta las 21:00 horas del mismo día, con el objetivo de que la secretaría de la comisión pudiera preparar el informe correspondiente. Asimismo, se estableció que la votación en particular se realizaría el miércoles 13 de mayo, entre las 11:30 y las 15:00 horas, considerando la urgencia de discusión inmediata que el Ejecutivo mantiene sobre la iniciativa.
Los parlamentarios presentes fueron informados de que, además de las indicaciones presentadas por escrito, podrán realizar nuevas proposiciones durante la discusión de cada artículo, hasta el momento en que se inicie el debate del mismo, conforme al artículo 124 del reglamento. También se resolvió convocar a los integrantes de la comisión a las 11:15 horas en calidad de comité, para escuchar un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que sintetice las principales preocupaciones y debates previos.
APORTES DE LA ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS EDUCACIONALES
Los representantes de AGPECH centraron su intervención en cinco aspectos concretos que, a su juicio, debieran ser incorporados al proyecto para fortalecer su enfoque preventivo y proteger tanto a estudiantes como a trabajadores de la educación.
En primer lugar, plantearon la necesidad de que el artículo 16 J, que autoriza la revisión de pertenencias en los establecimientos educacionales, contemple un mecanismo de evaluación periódica. Propusieron que el Ministerio de Educación lleve un registro de los establecimientos que implementen esta medida y que la Agencia de Calidad evalúe anualmente si la revisión de mochilas está teniendo el efecto deseado o si, por el contrario, genera efectos perjudiciales en la convivencia escolar. Esta preocupación surge de la experiencia con la ley “Aula Segura”, que —según señalaron— ha pasado de ser una herramienta de uso excepcional a una de uso generalizado.
En segundo lugar, solicitaron que la Superintendencia de Educación establezca un reglamento claro para el procedimiento de denuncias, especialmente aquellas que puedan ser mal intencionadas. Indicaron que, según información obtenida vía transparencia, la Superintendencia nunca ha aplicado multas por denuncias manifiestamente improcedentes, pese a existir casos reiterados de un mismo apoderado. Propusieron que, al presentar una denuncia, se advierta al apoderado sobre las consecuencias legales de una denuncia maliciosa.
Un tercer punto se refirió a la definición de “afectación grave de la convivencia escolar”, que el proyecto vincula a la interrupción total o parcial del servicio educativo. Los expositores consideraron que esta definición es demasiado amplia y que no debiera incluir manifestaciones pacíficas o paros que no interrumpan sustancialmente el servicio, ya que estas instancias pueden constituir oportunidades de aprendizaje democrático para los estudiantes.
La cuarta propuesta apuntó a reforzar la protección del personal educativo. Sugirieron que, cuando una persona adulta sea condenada por sentencia firme por delitos cometidos contra un profesional de la educación o asistente en el ejercicio de sus funciones, se le aplique la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un período de tres años.
Finalmente, en la misma línea de protección, propusieron que los reglamentos internos de los establecimientos puedan establecer un procedimiento administrativo para suspender de forma inmediata el derecho de ingreso al plantel de aquellos padres, madres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente a un funcionario o a un estudiante. Esta medida busca evitar situaciones como la ocurrida en el Colegio Rosa Dinamate, donde una apoderada agredió al director y al equipo de convivencia, y la Superintendencia obligó al colegio a permitir su ingreso pese a las agresiones reiteradas.
RESPUESTA DEL EJECUTIVO Y CIERRE DE LA DISCUSIÓN
La ministra del ramo, María Pazza, agradeció la exposición y señaló que varias de las propuestas presentadas por AGPECH resultan positivas y serán estudiadas por el Ejecutivo. En particular, destacó la idea de que el Ministerio lleve un registro de los establecimientos que incorporen la revisión de pertenencias, por no generar una sobrecarga excesiva, y la propuesta de que la Superintendencia clarifique el procedimiento de denuncias, aspecto que se alinea con el espíritu del proyecto.
Con esto, la comisión dio por cumplido el objeto de la sesión, quedando a la espera de la votación en particular del día siguiente y del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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