La ministra Marianela Cifuentes Alarcón, en su calidad de visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, resolvió someter a proceso a dos personas por el secuestro calificado de Raúl Alberto Iturra Muñoz. Se trata de un subteniente del Ejército en retiro y un médico que formó parte de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Los hechos se remontan a enero de 1974, en la comuna de San Miguel, y el caso se tramita bajo la causa rol 547-2023.
LOS ANTECEDENTES DEL CASO
La investigación dirigida por la ministra Cifuentes permitió establecer una secuencia de hechos que vinculan a los imputados con la privación ilegal de libertad de Iturra Muñoz, militante del Partido Comunista. Según la resolución, el 4 de enero de 1974, alrededor del mediodía, agentes de la DINA irrumpieron en el domicilio de la víctima, ubicado en calle Núñez de Balboa 4.936 de San Miguel, y lo detuvieron sin orden judicial ni causa legal.
Ese mismo día, en horas de la tarde, Iturra Muñoz fue trasladado al centro clandestino de detención conocido como Londres 38, en la comuna de Santiago. Allí permaneció encerrado ilegalmente, sometido a interrogatorios y malos tratos que incluían desnudamiento, golpes y aplicación de electricidad.
EL ROL DE LOS IMPUTADOS EN LA CADENA DE DETENCIÓN
Tras tres días en Londres 38, el 7 de enero de 1974, la víctima fue llevada junto con otros detenidos al campamento de prisioneros instalado en el Cuartel N°2 de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Este recinto estaba bajo la responsabilidad del subteniente Raúl Pablo Quintana Salazar, actualmente en retiro, y del sargento primero Ramón Luis Carriel Espinoza, entre otros.
Allí, Iturra Muñoz estuvo ilegalmente encerrado hasta el 15 de abril de ese año. Durante ese período, fue trasladado en varias ocasiones al subterráneo del casino de oficiales de la unidad militar para ser interrogado y maltratado, con golpes, desnudamiento, electricidad y colgamiento. Los interrogatorios estaban a cargo del mayor Mario Alejandro Jara Seguel y del médico Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien también fue procesado en esta causa.
LA DECISIÓN DE LA MINISTRA
La ministra Cifuentes consideró que los antecedentes recopilados eran suficientes para atribuir responsabilidad penal a Raúl Pablo Quintana Salazar y a Vittorio Orvieto Tiplitzky como autores del delito consumado de secuestro calificado. La resolución destaca la participación directa de ambos en un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
El caso corresponde a una de las múltiples causas que tramita la visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dedicada exclusivamente a investigar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990. La investigación continúa abierta para determinar eventuales responsabilidades de otros agentes.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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