CONTEXTO DEL MAYOR FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
El 15 de mayo de 2026 se cumplieron 10 meses desde el inicio de un juicio oral que, por su magnitud y gravedad, no tiene criterio jurisprudencial comparable en la historia reciente de Chile. En el banquillo se sientan médicos acusados de integrar un entramado delictual destinado a la emisión y venta masiva de licencias médicas falsas.
El Ministerio Público sostiene que se trata del fraude más grande perpetrado contra una institución estatal en materia de salud, afectando al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y a las instituciones de salud previsional, con perjuicios que alcanzan miles de millones de pesos.
Durante su alegato de clausura, el fiscal relató cómo los acusados, que debieron actuar con honestidad y buena fe, contravinieron normas éticas y legales. Citó el artículo 12 del Código de Ética del Colegio Médico de Chile y los principios de la Asociación Médica Mundial, así como la tipificación penal del artículo 202 del Código Penal en relación con el artículo 193 del mismo cuerpo legal.
LOS ACUSADOS Y LA ESTRUCTURA ILÍCITA
La fiscalía identificó a los imputados: Samir Rivaldo Hernández, Jessica Donado, Lisney de la Oz, José Ñeco, Jeiner Olivares, Jorge González, Obed Urrea, Ana Toncel Peña y Karen Mejías Cantillo. Todos eran médicos habilitados para ejercer en Chile, según los certificados de inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud del Ministerio de Salud (documentos 90073 a 981).
La investigación demostró que la creación o utilización de centros médicos como Servicios Médicos Doctor Mitite SPA, Prodimec SPA, Servimed SPA, Consulta Médica Prevenir SPA, Alianza Med ASIMED SPA, Centro Médico Acomedic SPA, EMIMED SPA, Centro Médico Enfoque Salud, Centro Médico Matlife SPA, Centro Médico Sin Vitais SPA, Centro Médico Salud Vital SPA, Centro Médico Unisalud SPA, Humana Salud SPA y Centro Médico Nelumbo SPA no respondió a un interés sanitario legítimo, sino a la necesidad de dar soporte formal a un mercado ilícito.
Los documentos de constitución (996 a 1000) fueron exhibidos en la audiencia, mostrando que los acusados figuraban como dueños, socios o administradores. Por ejemplo, Samir Rivaldo Hernández constituyó Doctor Mitite en febrero de 2020; Jessica Donado, Prodimec; Ingrid Cabarcas (a solicitud de Samir), Servimed; Lisney de la Oz, Prevenir; Ana Toncel y Karen Mejías, Nelumbo; y Rodrigo Campos Cuello fue el constituyente de al menos ocho centros: Alianza Med, ASIMED, Acomedic, EMIMED, Enfoque Salud, Matlife, Sin Vitais, Salud Vital, Unisalud y Humana Salud.
PRUEBAS DIRECTAS: AGENTES REVELADORES E INTERCEPTACIONES
La fiscalía presentó prueba directa —no solo indiciaria— que acredita la existencia del plan delictual. Los agentes reveladores Manuel Ormeño, Giovana Flores, Christopher Carrasco y Constanza Bravo declararon que obtuvieron licencias médicas sin atención real, previo pago y coordinación a través de números telefónicos asociados a los imputados.
Sus testimonios fueron respaldados por conversaciones de WhatsApp y registros fílmicos (otros medios de prueba 14, 15, 17 y 18). Se exhibieron imágenes donde los propios acusados fijaban valores según los días de reposo: para telemedicina, entre 35.000 y 75.000 pesos; para atención presencial, entre 30.000 y 68.000 pesos, con comisiones para captadores.
Las interceptaciones telefónicas (documentos 419, 359, 361, 371, 372, 373, 375, 378, 380, 382, 384, 395, 397, 400 y 401) revelaron coordinación entre los acusados para acordar precios, citas ficticias y distribución de beneficios. En las conversaciones, Samir Rivaldo Hernández alertaba sobre detenciones de médicos, mientras que Álvaro Ñeco (no médico) ofrecía diagnósticos y días de reposo a los clientes.
En la revisión de los teléfonos incautados (otros medios de prueba 42, 43 y 47), se encontraron chats donde Lisney de la Oz y Álvaro Ñeco negociaban pagos por “licencias” y discutían valores semanales. Incluso, en una conversación, Lisney admitió no saber cuánto cobrar por una atención médica real, evidenciando que el único negocio era la venta de licencias.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS
La fiscalía calificó las conductas como constitutivas de los delitos de falsedad en el otorgamiento de licencias médicas (artículo 202 del Código Penal) y fraude de subvenciones (artículo 470 N°8 en relación con el artículo 407 del mismo código). Además, los líderes del esquema blanquearon las ganancias ilícitas mediante actos de ocultamiento y simulación.
El alegato de clausura concluyó que los hechos acreditados más allá de toda duda razonable demuestran un mercado delictual de oferta y demanda de un instrumento esencial de la seguridad social: la licencia médica.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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