Un nuevo frente de tensión se abrió esta semana entre el Partido de la Gente (PDG) y el Ejecutivo, esta vez en el marco de la tramitación del proyecto que crea agravantes para delitos cometidos contra integrantes de la comunidad educativa. El incidente, ocurrido el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, se suma al quiebre previo por el megaproyecto de reconstrucción impulsado por el diputado Johannes Kast, y evidencia la creciente distancia entre la bancada del PDG y el oficialismo.
CONFLICTO EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
La diputada Pamela Jiles (PDG), integrante de la Comisión de Constitución, manifestó su malestar luego de que el oficialismo, con respaldo del gobierno, desechara una indicación presentada por ella y otros legisladores de su partido. Dicha indicación complementaba el proyecto que busca sancionar con mayor severidad los delitos contra profesores, asistentes de la educación y demás miembros de la comunidad escolar. La molestia de Jiles se expresó en términos duros, acusando que la decisión del Ejecutivo equivalía a “botar” la iniciativa con la que el PDG pretendía colaborar en materia de seguridad escolar.
Horas antes, el PDG ya había desahuciado el acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aprobar la idea de legislar del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica. Según los diputados del partido, el jefe de la cartera económica no había cumplido su compromiso de enviar una propuesta paralela que devolviera el IVA por la compra de medicamentos y pañales, condición esencial para el apoyo del PDG.
LA POSTURA DEL GOBIERNO Y EL OFICIALISMO
En la sesión de la Comisión de Constitución, el Ejecutivo presentó una nueva indicación que, a juicio del oficialismo, recogía el contenido de la propuesta del PDG. La diputada Constanza Hube (UDI) defendió esa postura, señalando que la enmienda gubernamental era suficiente y tornaba innecesario respaldar el texto alternativo de Jiles. Desde la perspectiva del gobierno, su indicación ampliaba el concepto de “comunidad educativa” para abarcar no solo a docentes, sino también a apoderados y personal administrativo, mientras que la propuesta del PDG se limitaba a sancionar a personas externas, como apoderados, que agredieran o amenazaran al personal docente.
Además, el oficialismo argumentó que la mención específica contra las amenazas que contenía la indicación del PDG era redundante, pues ese delito ya se encuentra tipificado en el Código Penal chileno. Pese a estas explicaciones, Jiles consideró que se había eliminado de facto su proyecto, calificando la maniobra como una “excusa” y afirmando que el objetivo del gobierno era desechar el aporte del PDG a la política de seguridad escolar.
REACCIÓN DEL PDG Y PROYECCIÓN LEGISLATIVA
El diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) intentó calmar los ánimos, reconociendo el valor de la propuesta del PDG, pero reiterando que la nueva indicación del Ejecutivo la absorbía. Sin embargo, la molestia quedó instalada. En el PDG descartaron que este conflicto puntual haya incidido en el rechazo posterior al megaproyecto de Hacienda, aunque en el oficialismo existe preocupación por la influencia que Jiles puede ejercer en votaciones de sala.
El episodio recuerda el rol clave que la diputada opositora jugó en 2023, cuando su voto fue determinante para rechazar la reforma tributaria del entonces presidente Gabriel Boric y su ministro de Hacienda, Mario Marcel. Más allá del incidente aislado, las votaciones recientes del PDG reflejan una vocación más opositora que alineada con el gobierno: rechazaron algunos artículos del proyecto de combustibles, votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar de Escuelas Protegidas y tampoco acompañaron al ministro José García en su iniciativa para subir el quórum en textos inadmisibles.
DESENCUENTROS CON LA MONEDA
El quiebre por el megaproyecto de reconstrucción de Kast se produjo cuando el PDG consideró incumplida la palabra del ministro Quiroz respecto de la devolución del IVA en medicamentos y pañales. Esta situación, sumada al conflicto en la Comisión de Constitución, consolida una relación legislativa tensa entre el partido y el Ejecutivo, con repercusiones que podrían extenderse a futuras iniciativas gubernamentales.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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