El megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica avanza en su tramitación legislativa, aunque la base de apoyos políticos se ha estrechado luego de que el Partido de la Gente (PDG) desahuciara el acuerdo y la Democracia Cristiana (DC) anunciara su rechazo. La iniciativa, que el Ejecutivo calificó con suma urgencia, busca ser despachada desde la Cámara de Diputados antes del 20 de mayo, lo que impone un cronograma ajustado y ha generado fuertes tensiones al interior de la Comisión de Hacienda.
Durante la sesión en que se votó la idea de legislar, el ambiente fue accidentado. El presidente de la instancia, diputado Agustín Romero (Partido Republicano), enfrentó reclamos de parlamentarios opositores por restricciones al debate y la presión gubernamental para acelerar la tramitación. Pese a los cuestionamientos, la iniciativa logró 8 votos a favor, una abstención y 5 en contra, con lo cual se dio paso a la etapa de indicaciones.
SESIÓN MARCADA POR LA TENSIÓN
El diputado Romero, con el respaldo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fijó el plazo para presentar indicaciones hasta el mediodía del lunes. La idea es que la secretaría de la Comisión pueda elaborar un comparado con las propuestas de modificación y así comenzar la votación en particular el martes. Sin embargo, desde la oposición ya se advierte que podrían presentar un número masivo de enmiendas, incluso al filo del plazo, lo que podría retrasar el avance.
El megaproyecto contiene 33 artículos permanentes y 12 disposiciones transitorias, con múltiples numerales y literales, lo que de por sí implicaría al menos 150 votaciones distintas. Si a ello se suman las indicaciones parlamentarias, las votaciones podrían duplicarse o triplicarse. Aunque el diputado Boris Barrera (PC) reconoció que la amenaza de «mil indicaciones» fue una expresión retórica, otros legisladores de oposición no descartan recurrir a esa estrategia para obligar a sesionar durante varios días consecutivos.
ESTRATEGIAS DE LA OPOSICIÓN
El diputado Jaime Araya (independiente-PPD), coordinador de las presentaciones de su bancada, sostuvo que el gobierno debe prepararse para un «tsunami en favor de la clase media, de las pymes y de las regiones». La oposición busca articular una «megarreforma» paralela con énfasis en esos sectores, en un intento de presionar al Ejecutivo para que ceda en puntos clave del proyecto oficial.
CRONOGRAMA LEGISLATIVO
Pese a las amenazas, el oficialismo planifica votar el articulado en particular entre martes y miércoles en la Comisión de Hacienda. Luego, el proyecto pasaría a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, que sesionarán en forma sucesiva entre el jueves 14 y el viernes 15, no simultáneamente, para evitar argumentos de vicios en el trámite. La meta es que la iniciativa esté lista para ser votada en sala el lunes 18 o martes 19 de mayo, etapa donde la oposición podría intentar maniobras dilatorias.
REDUCCIÓN DE APOYOS
Un factor que complica al Ejecutivo es la merma en la base política que respalda el megaproyecto. En la comisión, la diputada Zandra Parisi (PDG) se abstuvo, mientras que su par Priscilla Castillo (DC) votó en contra. Castillo explicó que el informe del Consejo Fiscal Autónomo fue determinante para su evaluación, y criticó la ausencia de medidas concretas para el sector agrícola. La abstención de Parisi, sin embargo, fue valorada por el gobierno como una señal de que aún existe una puerta abierta para recuperar el apoyo del PDG.
Si el Ejecutivo no logra sumar nuevos respaldos, deberá aprobar la idea de legislar «con lo justo». Actualmente cuenta con los votos de los diputados Jaime Mulet (Frep), René Alinco (independiente) y Cristián Contreras (PDG con militancia suspendida), además de los 76 legisladores de derecha. Con ese número sería posible la aprobación en general, pero no necesariamente para salvar todos los artículos en la votación particular.
LLAMADOS AL DIÁLOGO
El jefe de la bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, instó a un gran acuerdo nacional en materia económica y social, advirtiendo que si el gobierno no se abre a construir un pacto transversal, el proyecto corre riesgo. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) llamó al Presidente Kast a retirar la iniciativa y convocar a un proyecto unitario que genere crecimiento real y empleo digno.
El gobierno, en tanto, apuesta por mantener el ritmo de tramitación para evitar que las diferencias políticas dilaten una iniciativa que considera clave para la reactivación del país. La próxima semana será decisiva para definir si el megaproyecto logra sortear los escollos legislativos o si la oposición consigue frenar su avance.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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