El juez Daniel Urrutia, del Tribunal de Garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez, tras una audiencia que se extendió por cinco días. La medida cautelar responde a la imputación de delitos que, según el magistrado, configuran un entramado de corrupción sistémica con impacto directo en derechos fundamentales.
El Ministerio Público atribuye a Lavín León los ilícitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. En su resolución, el juez Urrutia dio por acreditados los antecedentes presentados por la fiscalía, considerando que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y un riesgo de fuga.
ANTECEDENTES DEL CASO
La investigación se centra en la relación de Lavín León con la Municipalidad de Maipú, donde su cónyuge, Cathy Barriga, se desempeñó como alcaldesa. Según el fallo, el exdiputado habría utilizado su cargo y su vínculo familiar para ejercer una «posición de injerencia» sobre funcionarios municipales.
El juez estableció que Lavín mantuvo un interés directo e indirecto en contratos y operaciones del municipio, en los que debían intervenir diversos empleados públicos. Dicho interés habría tenido un doble propósito: económico, para obtener bases de datos con fines electorales, y político, para obtener ventajas indebidas y retribuir favores.
FUNDAMENTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Urrutia consideró que existen antecedentes calificados que hacen indispensable la prisión preventiva para el éxito de las diligencias pendientes. El tribunal valoró especialmente la complejidad de la red de funcionarios involucrados y la capacidad de los imputados para interferir en la investigación.
En cuanto al tráfico de influencias, el magistrado señaló que Lavín se aprovechó de su condición de diputado y de su vínculo con la alcaldesa para imponer decisiones en el municipio maipucino. «Dicho interés fue tanto de carácter económico para la obtención irregular de bases de datos que utilizaría para los fines electorales, como también de carácter político para obtener ventajas indebidas en el municipio y para pagar favores políticos», expresó en la audiencia.
DELITOS DE COHECHO CON IMPRENTAS
Respecto a los delitos de cohecho, desarrollados entre 2015 y 2022, el juez detalló que Lavín y Domínguez habrían encargado al imputado Silva Morales, en representación de las imprentas MMG y Total Print, material publicitario para campañas electorales, incluida la campaña de Cathy Barriga para la alcaldía de Maipú.
Durante el período en que Barriga ejerció como alcaldesa, Silva Morales prestó servicios de impresión de volantes y afiches a través de su imprenta. Entre 2017 y 2021, la imprenta MMG SA se adjudicó contratos municipales por al menos 88 millones de pesos. El juez indicó que estas adjudicaciones se obtuvieron mediante influencias ejercidas por Domínguez sobre funcionarios, contraveniendo las normas de contratación pública y perjudicando a otros competidores.
CORRUPCIÓN COMO FENÓMENO SISTÉMICO
En su resolución, Urrutia fue más allá de los hechos concretos y calificó los actos como parte de un sistema corrupto. «La corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos aislados, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares», sostuvo.
El magistrado agregó que, en este esquema, «el diputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura». Sostuvo que la estructura estatal es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza, donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad, sino por su lealtad al esquema delictivo.
«La corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados», afirmó Urrutia, citando al profesor mexicano Luis Daniel Vázquez Valencia. En su obra, Vázquez argumenta que la corrupción no es un delito sin víctimas, ya que priva al Estado de recursos necesarios para garantizar derechos básicos como salud, educación y seguridad.
Para el juez, los hechos descritos constituyen una «violación masiva de derechos económicos y sociales», configurando un caso de macrocriminalidad. «En contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el estado y el crimen organizado», concluyó.
La defensa de Lavín León tiene un plazo de cinco días para apelar la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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