Un fallo judicial reconoce los abusos sexuales cometidos por el exarzobispo Francisco Cox en contra de siete víctimas, pero la causa termina con un sobreseimiento definitivo. La acción penal se extinguió por la prescripción de los delitos y por el fallecimiento del imputado ocurrido en 2020, lo que impide cualquier condena.
La resolución fue dictada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Christian Le-Cerf Raby, quien dio por acreditados los hechos denunciados. Los episodios ocurrieron entre 1975 y 1988 en distintas ciudades del país, durante el ejercicio del ministerio pastoral de Cox.
LOS HECHOS ACREDITADOS
Según la resolución judicial, los abusos se produjeron cuando Cox se desempeñaba como obispo en Chillán y luego como arzobispo en Andacollo y La Serena. El tribunal estableció que el religioso actuó aprovechando una posición de autoridad espiritual y cercanía personal con las víctimas, cometiendo actos reiterados de connotación sexual en espacios privados y sin testigos.
Las conductas fueron calificadas como simples delitos conforme a la normativa penal vigente en las fechas en que ocurrieron. Esto resultó clave para el análisis de la prescripción, ya que los plazos legales se encontraban ampliamente cumplidos cuando se inició la investigación penal en 2018.
LA DECISIÓN JUDICIAL
El magistrado decidió dictar el sobreseimiento definitivo de la causa al constatar que la acción penal se había extinguido. A la prescripción de los delitos se sumó la muerte de Cox en 2020, circunstancia que también impide continuar con la persecución penal.
La decisión refleja la tensión entre el reconocimiento judicial de los hechos y las barreras legales que, por el paso del tiempo, imposibilitan una sanción penal. El fallo no entra al fondo de la responsabilidad penal, sino que declara formalmente la extinción de la acción.
EL CONTEXTO ECLESIÁSTICO
Cox había renunciado a la actividad pastoral en 2002, luego de que investigaciones de prensa dieran cuenta de los abusos. En ese entonces, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, anunció su salida de Chile por “conductas impropias” y su traslado a Alemania.
Posteriormente, en 2018, el Papa Francisco decretó su dimisión del estado clerical y encargó su cuidado a la comunidad de Padres de Schoenstatt. El Vaticano lo expulsó del ministerio tras un proceso canónico.
REACCIONES Y DEBATE
Las víctimas valoraron el fallo como un reconocimiento judicial relevante. Uno de los denunciantes señaló que lo fundamental era que “se estableciera la verdad de lo ocurrido”, destacando que la resolución valida hechos que durante años fueron cuestionados o desestimados.
No obstante, el caso vuelve a evidenciar las limitaciones del sistema penal frente a delitos cometidos décadas atrás, especialmente en materia de prescripción. Este debate es recurrente en causas vinculadas a abusos sexuales en contextos institucionales, donde las víctimas insisten en la necesidad de avanzar en mecanismos de verdad, reparación y justicia.
La resolución también reabre cuestionamientos sobre el actuar de la Iglesia Católica frente a denuncias de esta naturaleza. Los hechos acreditados ocurrieron durante el ejercicio de funciones pastorales de Cox, quien fue apartado del ministerio y expulsado del estado clerical, pero sin que el sistema penal pudiera sancionarlo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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