El diputado socialista Raúl Leiva evaluó durante varios días la opción de presentar una censura contra el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (republicano). Sin embargo, finalmente desistió de la iniciativa al constatar que no contaba con los apoyos necesarios dentro de la instancia legislativa.
La controversia se originó por una citación extraordinaria que Araya convocó para el martes de la semana pasada, con el objetivo de votar en particular el proyecto de ley que establece medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus alrededores. Según explicó el presidente de la comisión, la urgencia se debía a que la iniciativa contaba con urgencia calificada como “suma”, lo que le permitía citar con solo cuatro horas de antelación.
LA DISPUTA POR LA CITACIÓN
Leiva cuestionó la legalidad de esa convocatoria. Sostuvo que, si bien Araya tenía la facultad reglamentaria para citar con esa premura, existía un acuerdo de comités que impedía sesionar de forma extraordinaria en paralelo al horario ordinario de la comisión, fijado entre las 15:00 y las 17:00 horas. Para el diputado socialista, esa superposición vulneraba el pacto político que regula el funcionamiento de las instancias legislativas.
Por esa razón, solicitó que se declarara nula la sesión realizada ese martes. Araya, por su parte, consultó el episodio con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien le dio la razón a Leiva. “Efectivamente hay un acuerdo de comités que impide citaciones en paralelo a comisiones que están teniendo lugar”, reconoció Araya, y anunció que la sesión quedaba sin efecto y que se convocaría a una nueva reunión.
EL ACUERDO DE COMITÉS COMO NORMA INTERNA
El conflicto pone de relieve la importancia de los acuerdos de comités en la regulación del trabajo legislativo. Estos pactos, aunque no están formalmente en el Reglamento de la Cámara, son vinculantes para los parlamentarios y establecen reglas de funcionamiento que deben ser respetadas por todos los integrantes. En este caso, la citación extraordinaria en horario coincidente con el ordinario fue considerada una infracción a ese acuerdo, lo que llevó a la nulidad de la sesión.
LA DECISIÓN DE RETROCEDER
Más allá del argumento jurídico, la principal razón para que Leiva desistiera de la censura fue política. La Comisión de Seguridad está compuesta por 13 integrantes, de los cuales una mayoría clara pertenece a las filas del oficialismo de derecha. Para prosperar, la censura requería el respaldo de al menos la mitad más uno de los miembros presentes. Leiva necesitaba sumar a otros dos parlamentarios de la oposición, pero sus gestiones no fructificaron.
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
La comisión cuenta con seis integrantes que responden al gobierno: Cristián Araya (republicano), Enrique Basaletti (independiente republicano), Chiara Barchiesi (republicana), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Cretton (UDI) y Mauro González (RN). A ellos se suma Gloria Naveillán (libertaria), que aunque no forma parte formal de las huestes oficialistas, vota habitualmente con la derecha. Este bloque le otorga a La Moneda el control de una instancia clave para la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.
En el sector opositor se sientan Leiva, Jaime Araya (independiente-PPD), Bernardo Salinas (independiente-PC), Tatiana Urrutia (FA), Patricio Pinilla (DC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG). La correlación de fuerzas hacía inviable la censura sin el apoyo de al menos dos de ellos, que no se concretó.
Con el fracaso de esas gestiones, Leiva optó por no presentar la moción. De esta forma, Cristián Araya continuará presidiendo la estratégica comisión de Seguridad de la Cámara.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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