OFENSIVA LEGISLATIVA
Mientras la atención mediática se concentraba en la discusión del megaproyecto gubernamental en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), enfocó sus gestiones en el Senado. Su objetivo era asegurar una sesión extraordinaria el próximo lunes para votar uno de los dos proyectos de ley sobre violencia escolar impulsados por el Ejecutivo, denominado “Escuelas Protegidas”.
Originalmente, la sesión había sido convocada para las 15:00 horas. Sin embargo, tras las diligencias del secretario de Estado, se adelantó el horario de citación, programándose ahora entre las 14:00 y las 17:00 horas. La estrategia gubernamental apunta a sincronizar esta discusión senatorial con la que luego tendrá lugar en la Cámara de Diputados, entre las 17:00 y las 19:30 horas de ese mismo lunes. Según fuentes de la Cámara Baja, la iniciativa ya ocupa el tercer lugar en la tabla tentativa para esa jornada.
APOYOS Y RESISTENCIAS
Para acelerar la tramitación, La Moneda activó la máxima urgencia legislativa: el mecanismo de discusión inmediata. Esta herramienta obliga a la cámara donde se encuentra el proyecto a despacharlo en un plazo de seis días. Dado que se invocó el martes de la semana pasada, el Senado debería despachar la iniciativa el lunes para cumplir con el plazo.
Detrás de esta movida hay un objetivo político mayor: exhibir avances legislativos con miras a la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast. Desde el Ejecutivo reconocen que la apuesta es anotarse un triunfo político con este proyecto, debido a su alta adhesión ciudadana. Si “Escuelas Protegidas” se convierte en ley, podría ser presentado como otro logro junto al megaproyecto que al menos estaría aprobado por la Cámara.
En el Senado, el gobierno confía en contar con los votos para aprobar la idea de legislar en su segundo trámite constitucional. Las bancadas oficialistas suman 25 senadores: 5 del Partido Republicano, 5 de la UDI, 10 de la bancada RN-Independientes, 4 de Evópoli e independientes, y una representante del Partido Nacional Libertario. A ello se suma el respaldo anunciado por Yasna Provoste (DC), jefa del comité mixto DC-FRVS-FA-PC e independientes, quien adelantó su voto favorable en la Comisión de Educación del Senado.
Pese a la resistencia de algunas fuerzas de oposición, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, el compromiso de Provoste de visar la iniciativa –para luego discutir el articulado– permitiría al gobierno devolver el proyecto a la Cámara de Diputados.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El proyecto consta de seis artículos. Las disposiciones principales incorporan un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria. A los tres requisitos que ya contempla la ley vigente, el gobierno de Kast busca agregar la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.
Otra norma relevante faculta a los establecimientos educacionales para implementar un protocolo interno destinado a la “revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes”, como medida de seguridad al interior de los recintos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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