El Presidente José Antonio Kast reconoció haber impartido directamente la orden de trasladar a tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, más conocido como Punta Peuco, desatando una ola de cuestionamientos por parte de parlamentarios de oposición. La admisión del Mandatario se produjo durante un adelanto de una entrevista televisiva, donde defendió su decisión como parte de una reestructuración del sistema penitenciario nacional y aseguró que actuó dentro de sus facultades constitucionales.
Los hechos se conocieron el pasado 27 de mayo, cuando Gendarmería concretó el traslado de los tres internos desde ese recinto hacia otros penales. Inicialmente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, había señalado que la decisión sobre la segregación y derivación de personas privadas de libertad correspondía al director de Gendarmería, sugiriendo un carácter técnico y administrativo en la medida.
Sin embargo, el jefe de Estado despejó cualquier duda al ser consultado directamente. En sus declaraciones, Kast afirmó que «ya se tomaron las medidas para sacar a los tres delincuentes comunes que estaban cumpliendo condena allí» y confirmó que fue una orden suya. Agregó que el objetivo es «ordenar las cárceles en Chile» separando a los presos de alta peligrosidad y reformulando el sistema penitenciario, y recalcó que no ha transgredido ninguna ley, pues se trata de una atribución propia del Presidente de la República.
Consultado sobre si el penal de Punta Peuco volverá a ser un recinto exclusivo para ex uniformados y agentes del Estado condenados, Kast respondió que «cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada», dejando abierta la posibilidad de que el centro mantenga un régimen especial.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Las palabras del Mandatario generaron inmediatas reacciones de diversos sectores políticos. La diputada Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, criticó que mientras el gobierno «prometieron seguridad y llegaron sin plan», el Presidente se ocupa de «devolver privilegios a los más terribles criminales que ha conocido Chile», mencionando al exagente Miguel Krasnoff, condenado a más de mil años de prisión. Para Urrutia, esta primera política carcelaria no mejora las condiciones de Gendarmería ni protege a los más vulnerables, sino que «gobierna desde el fanatismo».
Por su parte, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que el Presidente estaría confirmando su intención de «beneficiar a sus amigos y delincuentes de Punta Peuco», a pocas horas de la Cuenta Pública. Yeomans afirmó que Chile no necesita «cárceles con privilegios» y exigió que el gobierno cumpla sus promesas en materia de seguridad.
La diputada Lorena Fries también se sumó a las críticas, señalando que la decisión revela un «móvil obviamente político» para mantener una cárcel especial para condenados de Punta Peuco. Fries cuestionó la rapidez del traslado y recordó que muchas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad ya están en cárceles comunes, como Colina I, y que el gobierno anterior buscó homologar sus condiciones. Ahora, advirtió, el desafío será determinar qué ocurre con los demás condenados por delitos de lesa humanidad.
ACUSACIONES DE FALTA DE TRANSPARENCIA
Distintos parlamentarios también apuntaron a una supuesta contradicción entre lo dicho por el gobierno y la realidad. El diputado Carlos Carvajal, del PPD, reprochó que inicialmente se presentara el traslado como una «decisión técnica e interna de Gendarmería» y que hoy el propio Presidente reconozca haberlo ordenado. «Los chilenos merecen un Gobierno que diga la verdad», declaró.
En términos aún más duros, el diputado independiente Jaime Araya afirmó que «se cae otra mentira». Según su interpretación, el subsecretario de Justicia habría faltado a la verdad al atribuir la decisión a criterios técnicos. Araya vinculó directamente al Presidente Kast con los condenados por violaciones a los derechos humanos y sostuvo que esta decisión arbitraria «queda en evidencia» su vínculo con «torturadores, degenerados, asesinos».
Finalmente, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, acusó al gobierno de haber mentido «descaradamente» y afirmó que todo se hace para «conservar privilegios a criminales de lesa humanidad».
La controversia se produce en un momento en que el Ejecutivo busca impulsar una reforma integral del sistema penitenciario, aunque hasta ahora no se han conocido detalles concretos sobre el plan que separaría a los reos de alta peligrosidad y redefiniría el rol de recintos como Punta Peuco.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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