El debate en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado se centró el pasado 2 de junio en el proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros (Boletín N° 16.836-06). La discusión se concentró en la indicación del Ejecutivo que incorpora un nuevo artículo 104 bis a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, norma que obligaría a hospitales, colegios y otros organismos públicos y privados a entregar a la autoridad migratoria antecedentes personales de migrantes sujetos a procedimientos de expulsión.
Durante la sesión, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Mont, expuso la postura del Ministerio de Salud, reconociendo la competencia del Ministerio del Interior en seguridad pública, pero advirtiendo sobre los riesgos sanitarios de la medida. Mont recordó que la legislación vigente –en particular los artículos 13, 15 y 144 de la Ley N° 21.325, la Ley N° 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes, y la Ley N° 19.628 de Protección de Datos Personales– ya consagra un marco que separa la información clínica del control migratorio.
El subsecretario Mont planteó que la sola promulgación de una norma que vincule la atención de salud con la entrega de datos migratorios genera un “efecto inhibidor” inmediato, disuadiendo a los migrantes de acudir a los servicios sanitarios. Citó datos epidemiológicos para sostener que cualquier barrera al acceso compromete la vigilancia de enfermedades como la tuberculosis, cuyo aumento en población extranjera es significativo, y la contención de brotes como el sarampión o la influenza aviar. “No se requiere que la norma se aplique; el daño se produce desde su publicación”, afirmó.
POSICIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Por su parte, el subsecretario del Interior defendió la indicación, aclarando que no se trata de una “obligación de denunciar” migrantes, sino de permitir que la Policía de Investigaciones pueda obtener un dato de contacto –como domicilio o teléfono– para notificar a la persona sobre el procedimiento de expulsión en curso. Señaló que actualmente, cuando se inicia el proceso, muchas veces el migrante desaparece y no puede ser localizado para la notificación final, frustrando la ejecución de la sanción.
El representante del Interior comparó la indicación con normas ya existentes, como el artículo 180 del Código Procesal Penal, que permite a los fiscales exigir información a cualquier persona o funcionario público. “Queremos replicar ese estándar para la PDI en materia migratoria”, indicó, añadiendo que el texto de la indicación ya incluye salvaguardas: la información solo podrá usarse para fines migratorios específicos y no podrá implicar el tratamiento de datos personales que no sean estrictamente necesarios.
DIVISIONES EN LA COMISIÓN
Senadores de distintas bancadas expresaron sus reparos. El senador Castro consultó cuál era la diferencia entre la enmienda original y la versión actual, y si se garantizaba el cumplimiento de los estándares internacionales de la OMS. El senador Velázquez advirtió que la medida podría “publicitar” un escenario de persecución, generando desesperación entre los migrantes indocumentados y llevando a que eviten los centros de salud, “convirtiendo la herramienta en un problema peor que el que se busca solucionar”.
La presidenta de la comisión recordó que la ministra de Salud, May Chomalí, había manifestado públicamente su preocupación y que el subsecretario Mont presentó un informe jurídico donde se proponían tres alternativas: focalizar la interoperabilidad en los organismos ya mandatados (PDI, Carabineros y Registro Civil); canalizar requerimientos excepcionales mediante orden judicial; o suscribir convenios de colaboración entre ambos ministerios.
Sin embargo, los asesores de la mesa técnica, que sesionó cuatro veces, no lograron consenso en este punto. El subsecretario del Interior ofreció extender el diálogo y pidió que se votaran primero los artículos acordados para avanzar, dejando el artículo 104 bis para el final. La comisión resolvió continuar las invitaciones a las ministras de Salud y Educación y al Ministerio del Trabajo, y retomar la votación en una próxima sesión, con el compromiso de agotar las vías de acuerdo.
El debate evidenció la tensión entre el legítimo objetivo del Estado de hacer cumplir las expulsiones administrativas y la necesidad de no desincentivar el acceso a la salud y la educación, derechos fundamentales que el propio ordenamiento jurídico chileno garantiza sin discriminación por condición migratoria. La comisión acordó reanudar el análisis de los puntos controvertidos la próxima semana.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
