La instalación del gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un nuevo desafío interno: la definición de quién debe asumir la coordinación de los ministros. La tensión entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, ha generado un debate que cruza a la coalición oficialista, con posiciones encontradas sobre el diseño institucional.
LA COORDINACIÓN POLÍTICA EN LA MIRA
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, planteó que la función de coordinar al gabinete debe recaer exclusivamente en el ministro del Interior. Su argumento se sustenta en las atribuciones que la ley le otorga a esa cartera tras la creación del Ministerio de Seguridad Pública, impulsada durante la administración anterior.
Ramírez recordó que, con la nueva institucionalidad, el Ministerio del Interior perdió sus tareas vinculadas a la seguridad interna, concentrándose ahora en la gestión política. «La única responsabilidad hoy día del ministro del Interior es la coordinación política», sostuvo en el programa Mesa Central de Canal 13. Para el timonel gremialista, esta función no es una cuestión de afinidad partidista, sino que «es lo natural y es lo que establece la ley».
EL MARCO LEGAL
La reforma que creó el Ministerio de Seguridad Pública, liderada por la entonces ministra Carolina Tohá (PPD), dotó al titular de Interior de facultades expresas en materia de coordinación gubernamental. El artículo 3° de la ley respectiva detalla, en su literal a), que corresponde al ministro «coordinar políticamente los distintos ministerios, de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el Presidente o la Presidenta de la República».
Además, el literal b) le entrega la función de «ejercer la coordinación intersectorial y seguimiento programático de la gestión del Gobierno», especialmente en decisiones que afecten a más de una cartera. El literal c) agrega la potestad de realizar estudios y análisis de corto y mediano plazo para someterlos a consideración de la Presidencia u otros ministerios, tarea que antes solía recaer en el Segundo Piso.
Estas disposiciones legales, según Ramírez y otros líderes de la coalición, zanjan cualquier duda sobre quién debe liderar la articulación del gabinete.
RESPALDO DE LA COALICIÓN
La postura de la UDI encontró eco en Renovación Nacional y Evópoli. La secretaria general de RN, Katherine Martorell, señaló que el diseño del Segundo Piso «puede ser un poco confuso», pero que «por esencia» la coordinación debe corresponder al ministro del Interior. Martorell recordó que, aunque antes esa función se entendía por costumbre, «ahora ya está refrendado por la ley».
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue en la misma línea: «Por supuesto que la coordinación política debe estar en manos del jefe de gabinete, no hay para qué inventar la rueda en esto». Agregó que el problema no radica en el Segundo Piso como estructura, sino en «la falta de disciplina política de algunos que creen que pueden mandarse solos», e insistió en que la solución pasa por respetar la jerarquía propia de los gobiernos.
UNA TENSIÓN LATENTE
El debate se intensificó luego de que el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticara públicamente al Segundo Piso por la filtración de un oficio del Ministerio de Hacienda que mencionaba la posibilidad de «descontinuar» programas sociales. Squella llamó a los asesores presidenciales a «tomar las riendas de esas correcciones» para evitar nuevos errores comunicacionales.
Ante las críticas, Alvarado e Irarrázaval sostuvieron una reunión reservada en la que abordaron la controversia y la necesidad de mejorar la coordinación. Sin embargo, la presión de la UDI y los socios de la coalición apunta a que sea el ministro del Interior quien ejerza el liderazgo político, dejando al Segundo Piso un rol más acotado.
Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, también advirtió sobre la falta de un ente coordinador claro, señalando que existe «información contradictoria» entre distintas voces del Ejecutivo respecto a posibles recortes sociales, lo que refleja un problema de diseño institucional.
La discusión pone a prueba la arquitectura política del nuevo gobierno, donde la ley parece dar una respuesta, pero la práctica aún debe ajustarse a las disposiciones vigentes.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
