La audiencia de formalización de cargos contra el exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados se convirtió en una de las más extensas y detalladas que recuerde el sistema penal chileno en los últimos años. Durante más de siete horas, el Ministerio Público desplegó una acusación que abarca desde fraude al fisco mediante la rendición de facturas falsas hasta tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, pasando por la creación y financiamiento ilegal de una plataforma digital de uso electoral.
La instancia, desarrollada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó con una discusión procesal clave. La fiscalía solicitó la orden de detención de Felipe Vázquez Diegues, otro de los imputados, quien se encuentra en España. El tribunal accedió, acogiendo la petición del artículo 127 del Código Procesal Penal, al considerar que su comparecencia se vería demorada o dificultada. La defensa se opuso, argumentando que el imputado estaba disponible, pero el juez resolvió que al fijar domicilio en el extranjero y no contar con uno válido en Chile, el propio imputado se había colocado fuera del proceso, habilitando la medida.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La indagatoria, que se extiende por varios años, sitúa al exdiputado Lavín como el eje de una estructura que habría desviado fondos públicos del Congreso Nacional hacia fines electorales y personales. Según la exposición fiscal, Lavín habría vulnerado sus deberes funcionarios, especialmente el principio de probidad administrativa consagrado en la Constitución y en la Ley 18.575. La acusación se estructura en siete hechos delictivos que abarcan desde 2014 hasta 2026.
El primero y más antiguo de los ilícitos se relaciona con la Imprenta MMG. Entre 2015 y 2022, Lavín, en conjunto con su asesor Arnaldo Domínguez y el proveedor Juan Silva, habría rendido al Congreso facturas ideológicamente falsas por servicios que en realidad correspondían a propaganda electoral y deudas de campaña. La maniobra, según la fiscalía, consistía en instruir al proveedor para que emitiera facturas con glosas como “cuenta pública” para aparentar gastos parlamentarios, cuando en verdad se trataba de material de campaña. El perjuicio se estima en más de 12 millones de pesos.
FRAUDE A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL
El segundo gran bloque de la acusación se centra en la plataforma “Social Task”, desarrollada por la empresa Modo 74 SPA, del imputado Felipe Vázquez. El Ministerio Público sostiene que Lavín ideó y financió esta herramienta con fondos públicos, tanto mediante la contratación de Vázquez como asesor parlamentario como a través de la rendición de facturas por “gastos operacionales”. En los hechos, la plataforma habría sido utilizada para gestionar bases de datos de electores y enviar mensajes de texto masivos con fines electorales, algo prohibido por el reglamento de asignaciones parlamentarias.
Entre 2018 y 2026, se rindieron más de 186 facturas de Modo 74 por un total que supera los 91 millones de pesos. La fiscalía detalló que Lavín no solo no pagó gran parte de esos montos a la empresa, sino que además utilizó a sus propios asesores parlamentarios —contratados con fondos del Congreso— para recopilar, validar y gestionar bases de datos de electores de todo el país. Incluso, se afirmó que estos funcionarios realizaban llamadas telefónicas de contenido electoral durante su jornada laboral. El perjuicio en este ítem ascendería a más de 177 millones de pesos.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN MAIPÚ
El capítulo más complejo involucra a la Municipalidad de Maipú, donde la cónyuge de Lavín, Kathy Barriga, se desempeñó como alcaldesa entre 2016 y 2024. La fiscalía imputa a Lavín haber ejercido influencias indebidas sobre funcionarios municipales para obtener bases de datos de electores, ejecutar desvinculaciones masivas de funcionarios que no eran afines a su sector político y gestionar nuevas contrataciones como pago de favores políticos.
Se describió una red de funcionarios de confianza designados por Lavín en cargos directivos —como Carlos Faire, Felipe Contreras y Nicolás Pizarro— quienes habrían actuado siguiendo las instrucciones del diputado. La desvinculación de al menos 497 funcionarios, con un costo para el municipio de más de mil millones de pesos en demandas laborales, es uno de los puntos más graves.
COHECHO Y OTROS DELITOS
Finalmente, la fiscalía imputa un delito de cohecho pasivo agravado a Arnaldo Domínguez, quien habría solicitado y recibido una comisión de 2,45 millones de pesos del proveedor Juan Silva a cambio de facilitar contrataciones municipales. El pago se habría fraccionado en tres boletas emitidas por Silva a nombre de Domínguez y de otros dos funcionarios municipales.
La audiencia continuará al día siguiente para resolver las medidas cautelares. El caso, que involucra a un exdiputado de la República y a una exalcaldesa, promete ser uno de los hitos judiciales del año en materia de corrupción política.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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