La Segunda Sala de la Corte Suprema generó un nuevo capítulo en la judicialización de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, al confirmar la liberación de César Manríquez Bravo, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La decisión, adoptada por tres votos a favor y dos en contra, ratificó el criterio de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el cese del cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad que pesaba sobre el exuniformado.
ANTECEDENTES DEL CASO
Manríquez Bravo fue condenado en 2023 a una pena de 15 años de presidio por el secuestro calificado de 16 víctimas de desaparición forzada, en el marco de la denominada Operación Colombo. Este montaje comunicacional fue implementado por la DINA entre 1974 y 1975 para encubrir el asesinato y la desaparición de opositores políticos. La condena original ascendía formalmente a 95 años, pero el tiempo efectivo de cumplimiento se vio interrumpido por la resolución ahora confirmada.
FUNDAMENTO MÉDICO Y DECISIÓN JUDICIAL
El sustento central del fallo fue el diagnóstico de «enajenación mental irreversible» que presentaría el exagente. Según los antecedentes revisados por ambos tribunales, informes médicos y pericias psiquiátricas concluyeron que existe un deterioro cognitivo severo e incompatible con la permanencia en un recinto penitenciario. La Corte estimó que mantenerlo encarcelado atentaba contra su integridad y seguridad individual, por lo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa.
La resolución fue dictada «en cuenta», es decir, sin la realización de alegatos orales. Los dos ministros que votaron en contra cuestionaron aspectos procesales de la revisión judicial, aunque no lograron modificar el resultado mayoritario.
POSICIONES ENFRENTADAS
La decisión reabrió el debate sobre los beneficios penitenciarios en causas por crímenes de lesa humanidad. Abogados querellantes insistieron en que existirían antecedentes que apuntarían a una eventual simulación de demencia, lo que fue desestimado por los informes periciales aceptados por el tribunal.
Por su parte, la defensa del exagente celebró el resultado y señaló que su representado «no vuelve a la cárcel» y que pasará sus últimos días al cuidado de su esposa en su domicilio, agregando que la decisión judicial aplicó la ley «sin presiones».
ROL DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
El caso adquirió especial relevancia pública por la actuación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La nueva dirección de esa repartición instruyó a sus abogados a no oponerse al beneficio solicitado por la defensa, determinación que posteriormente se habría replicado en otras causas de condenados por violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos y querellantes criticaron la medida, argumentando que condenados por desapariciones forzadas acceden a beneficios que no se condicen con la gravedad de los delitos cometidos.
VÍNCULOS CON CENTROS DE DETENCIÓN
César Manríquez Bravo aparece vinculado a diversos crímenes cometidos por la DINA y a recintos de detención clandestina utilizados durante la dictadura, entre ellos Londres 38, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, Venda Sexy y José Domingo Cañas. De acuerdo con antecedentes judiciales, su nombre figura asociado a decenas de víctimas de desaparición forzada y otros ilícitos cometidos en ese período.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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