La Corte Suprema otorgó el título de abogado a una nueva generación de profesionales en una ceremonia presidida por la ministra Gloria Ana Chévez Ruiz, quien aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el sentido profundo de la abogacía a la luz de la historia.
En la audiencia pública celebrada el 8 de mayo de 2026, conforme al artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, el pleno del máximo tribunal reunió a decenas de licenciadas y licenciados para que prestaran el juramento o promesa de rigor. Con ese acto formal, y cumplidos los requisitos del artículo 522 del mismo cuerpo legal, quedaron legalmente investidos con el título profesional que los habilita para ejercer la profesión.
EL JURAMENTO Y LA INVESTIDURA
La ceremonia, que se realiza periódicamente en el Salón Pleno de la Corte Suprema, comenzó con la lectura de los nombres de los postulantes agrupados en dos tandas. El secretario del tribunal tomó el juramento o promesa, conforme al rito establecido, preguntando a cada grupo si juraban o prometían desempeñar leal y honradamente la abogacía. Tras la respuesta afirmativa, la presidenta de la Corte declaró formalmente investidos a los nuevos abogados y abogadas.
La ministra Chévez Ruiz destacó que el juramento no es una mera formalidad, sino una declaración de principios que compromete la conducta profesional y la forma en que los nuevos abogados se vincularán con el derecho, la justicia y la dignidad de las personas cuyos intereses representarán.
UNA LECCIÓN DE LA HISTORIA
En su discurso, la presidenta de la Corte Suprema vinculó la fecha de la ceremonia con un hito histórico: el 8 de mayo de 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. Recordó que ese conflicto reveló un sistema en el que la violencia y la persecución se organizaron bajo el amparo de normas jurídicas formalmente vigentes.
A partir de esa experiencia, señaló, la humanidad debió enfrentar una pregunta incómoda: ¿puede el derecho convertirse en un instrumento de injusticia? La respuesta afirmativa dio origen a los juicios de Núremberg, que establecieron que ciertos actos, por su gravedad, no pueden quedar amparados por la legalidad interna de los Estados, y que quienes los cometen responden personalmente, incluso si actuaron en cumplimiento de órdenes o normas formalmente válidas.
Ese criterio introdujo en el derecho internacional la existencia de principios que trascienden el derecho positivo y se fundamentan en la dignidad humana, inspiración que luego se plasmó en la creación de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
EL ROL DEL DERECHO Y LA ÉTICA
La ministra Chévez Ruiz advirtió que la lección más profunda de ese periodo no radica solo en los instrumentos jurídicos surgidos, sino en la conciencia de que la legalidad por sí sola no es suficiente. La experiencia demostró que un ordenamiento puede ser formalmente coherente y eficaz, pero profundamente injusto si carece de un sustento moral que lo oriente.
En ese punto citó a la filósofa Hannah Arendt, quien sostuvo que la mayor parte del mal es cometido por personas que nunca deciden ser buenas o malas. La injusticia no siempre surge de voluntades perversas, sino allí donde se renuncia a ejercer el juicio propio, donde la reflexión es sustituida por la inercia y donde la normativa se aplica sin preguntarse por su sentido.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
La presidenta de la Corte Suprema instó a los nuevos abogados a recordar que el derecho no es una abstracción: tiene efectos concretos sobre personas, grupos y comunidades. En el ejercicio profesional, enfrentarán situaciones donde la respuesta jurídica no será evidente, donde la aplicación estricta de una norma podrá entrar en tensión con su finalidad. En esos momentos, la referencia a reglas positivas puede resultar insuficiente y será necesario acudir a los principios que informan el orden jurídico, el respeto por la dignidad humana y la convicción de que el derecho existe para servir a las personas.
El «nunca más» surgido de la Segunda Guerra Mundial, concluyó, no es una consigna del pasado, sino una exigencia permanente: el derecho puede fallar cuando quienes lo aplican renuncian a pensar con sentido, y puede ser una poderosa herramienta de protección cuando se ejerce con integridad, conciencia y responsabilidad.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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