La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) y sus independientes salió en defensa del parlamentario Jaime Araya tras una ola de ataques y amenazas que recibió luego de manifestar su preocupación por el volumen de indicaciones que podría enfrentar la megareforma impulsada por el Ejecutivo. En un contexto de alta tensión legislativa, el legislador advirtió que las modificaciones al proyecto podrían superar las dos mil quinientas propuestas, lo que generó reacciones inmediatas desde sectores oficialistas y de la derecha.
LAS DECLARACIONES QUE DESATARON LA POLÉMICA
En una entrevista en el podcast “Provócame”, Araya calculó que, si su sector ya alcanzaba las trescientas indicaciones, otras fuerzas políticas como el Partido Comunista o el Frente Amplio podrían llegar con cifras aún mayores. “Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente”, sostuvo, sumando a Partido Socialista, PPD, Comunistas, Frente Amplio y Democracia Cristiana. El diputado agregó que los demás partidos se verían obligados a presentar sus propias enmiendas para no quedar fuera del debate.
Esas palabras fueron interpretadas por el oficialismo como un intento de obstruir el proceso. La secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, cuestionó que quienes semanas atrás amenazaban con recurrir al Tribunal Constitucional sin conocer el articulado ahora busquen bloquear la iniciativa. Por su parte, el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, lamentó desde su cuenta de X que la oposición tenga como objetivo “obstaculizar y boicotear”.
LA RESPUESTA DE LA BANCADA Y LAS AMENAZAS RECIBIDAS
Frente a las críticas, el propio Araya denunció una “campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte” provenientes de la ultraderecha. “Han sido brutales los señores del ultrafacherio, insultos, groserías, acoso”, declaró, añadiendo que los ataques no se limitan a redes sociales sino que alcanzan su teléfono personal.
La bancada PPD-Independientes emitió un comunicado condenando lo ocurrido. En el texto señalaron que “en política no todo está permitido” y que, si bien existen diferencias y desacuerdos sobre determinados proyectos de ley y su tramitación, “otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo”.
Según los parlamentarios, la “sobrerreacción” solo se explica por la desesperación ante un proyecto que ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos y que pierde apoyo ciudadano. Enfatizaron que el acoso contra Araya constituye una expresión de violencia política inaceptable, que debe ser rechazada transversalmente.
IMPLICANCIAS JURÍDICAS Y PARLAMENTARIAS
Desde una perspectiva legal, el debate sobre las indicaciones a un proyecto de ley tiene directa relación con el artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que regula la presentación de enmiendas durante la tramitación. Sin embargo, la discusión ha trascendido lo procedimental para instalarse en el plano de la violencia política, materia que en Chile se aborda a través de la Ley 20.900 (sobre violencia en política) y el Protocolo contra el Acoso y la Violencia Política del Congreso.
La situación podría derivar en acciones ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados o, eventualmente, en querellas por amenazas si resultan acreditados los mensajes con contenido intimidatorio. Hasta el momento, no se han reportado medidas concretas, pero la bancada anunció que continuará exigiendo respeto al debido proceso y al pluralismo democrático en la discusión legislativa.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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