Por segunda vez en lo que va de la administración, el Ejecutivo ejecutó un vuelo de deportación colectiva que trasladó a 40 ciudadanos extranjeros hacia Colombia, República Dominicana y Haití. La operación, realizada durante la madrugada desde dependencias del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el Aeropuerto de Santiago, marcó la reanudación de las expulsiones hacia Haití, interrumpidas desde 2024 por dificultades diplomáticas y logísticas asociadas a la crisis política y de seguridad en ese país.
OPERATIVO DE EXPULSIÓN
De acuerdo con lo informado por la Policía de Investigaciones, del total de expulsados, 21 salieron bajo expulsiones administrativas y 19 bajo expulsiones judiciales. Entre estos últimos se encontraban personas condenadas por delitos graves, como secuestro y robo con intimidación. Además, dos ciudadanos colombianos mantenían órdenes de detención vigentes en su país de origen.
Uno de los casos que concitó mayor atención pública fue el del ciudadano haitiano Emmanuel Bony, quien protagonizó violentos episodios en dos oportunidades en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, causando graves daños. Su inclusión en el vuelo de expulsión fue destacada por las autoridades como un hito en la ejecución de estas medidas.
PERFILES DE LOS EXPULSADOS
El subprefecto Pablo Garay, jefe de la Prefectura de Migración Metropolitana de la PDI, señaló que el operativo respondió a “un trabajo planificado desde hace tiempo” y que entre los trasladados “iban tres personas con un compromiso delictual conocido”, entre ellos el ciudadano haitiano involucrado en los desmanes registrados en el terminal aéreo capitalino.
Por su parte, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que estas expulsiones demuestran “una capacidad mayor de ejecución” tanto de medidas administrativas como judiciales. Sauerbaum agregó que el Ejecutivo continuará realizando este tipo de operativos “sin cesar, permanentemente”, con apoyo de la PDI, la FACh y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
DESAFÍOS DIPLOMÁTICOS
Uno de los principales nudos críticos que persiste en la política migratoria es la ejecución de expulsiones respecto de ciudadanos venezolanos. La ausencia de relaciones diplomáticas y consulares plenas con Caracas mantiene miles de órdenes pendientes de cumplimiento, según han reconocido las autoridades. Este vacío diplomático constituye un obstáculo recurrente que el Gobierno busca resolver mediante gestiones multilaterales, aunque sin avances concretos hasta la fecha.
CIFRAS Y CONTEXTO
El vuelo se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria y de seguridad fronteriza impulsada por el Gobierno. De acuerdo con las cifras difundidas, entre marzo y mayo ya se han concretado más de 330 expulsiones, y el total de personas expulsadas durante 2026 supera las 600. Durante 2025, último año completo de mandato del expresidente Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados.
No obstante, la brecha entre órdenes emitidas y ejecutadas sigue siendo considerable. Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión permanecen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. En tanto, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular en el país.
El Ejecutivo informó además que más de 1.400 migrantes han abandonado Chile de manera voluntaria desde el cambio de administración, lo que las autoridades interpretan como un indicador de que las políticas de control están generando efectos disuasivos. Sin embargo, el desafío de ejecutar las expulsiones respectivas, especialmente hacia países con los que no existen canales diplomáticos fluidos, sigue siendo un tema central en la agenda migratoria.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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