La diputada Lorena Pizarro (PC) salió al paso de las críticas formuladas por el Presidente de la República, José Antonio Kast, luego de que la parlamentaria llamara a la ciudadanía a movilizarse y a realizar acciones sociales en las calles. El cruce de declaraciones reinstaló en el debate público los límites del derecho de reunión y la protesta social como herramientas de participación ciudadana, así como el rol que cabe a los actores políticos en su promoción.
LOS HECHOS
Todo comenzó con una intervención de Pizarro en Radio Nuevo Mundo, donde sostuvo que la ciudadanía debe “organizarse” y “movilizarse”, pues desde 1990 se instaló la idea de que el Congreso resuelve todas las demandas sociales. Esa afirmación motivó una respuesta inmediata del Mandatario a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
En su mensaje, Kast recordó que el Partido Comunista integró el gobierno anterior durante cuatro años y ocupó espacios en La Moneda. Según el jefe de Estado, “hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”. Añadió que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.
RESPUESTA DE LA DIPUTADA
Frente a esos dichos, Pizarro difundió un video en el que cuestionó la postura presidencial. La parlamentaria señaló que “parece que estamos siendo gobernados por los defensores de la dictadura”, en alusión directa a quienes integran la actual administración.
En su intervención, la diputada criticó la “criminalización” y “satanización” de quienes llaman a movilizarse. “Eso es la democracia, apréndanlo. Para eso hubo muchas vidas ofrendadas”, enfatizó. Agregó que “decir que hay que movilizarse por los derechos es parte del juego democrático”, y preguntó retóricamente: “¿O ustedes no creen en la democracia?”.
CONTEXTO DEMOCRÁTICO
El intercambio entre el Ejecutivo y la diputada comunista pone de relieve la tensión entre el legítimo ejercicio del derecho de reunión —reconocido en el ordenamiento jurídico chileno— y la interpretación del Gobierno sobre los límites de esa acción cuando proviene de sectores que antes integraron la coalición gobernante.
Pizarro defendió la movilización social como un mecanismo válido de expresión ciudadana, particularmente en un contexto en que, a su juicio, se ha delegado excesivamente en el Congreso la resolución de los problemas sociales. La respuesta de Kast, en cambio, situó ese llamado como una estrategia de desestabilización tras una derrota electoral.
Desde una perspectiva jurídica, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de reunión sin permiso previo y sin armas, conforme al artículo 19 N° 13. El debate, sin embargo, no se centra en la legalidad de la convocatoria, sino en la oportunidad política y la responsabilidad de los actores al impulsarla.
PROYECCIONES
El cruce de declaraciones no parece tener una resolución institucional inmediata, pero instala un precedente político sobre cómo el actual Gobierno interpreta las movilizaciones sociales cuando provienen de sus antiguos socios de coalición. En cualquier caso, ambas partes coinciden en situar el debate dentro del marco democrático, aunque con concepciones distintas sobre lo que ello implica.
La diputada Pizarro insistió en que la protesta social es constitutiva de la democracia y no debe ser estigmatizada. El Presidente Kast, por su parte, fijó una línea clara: su administración no tolerará acciones que, a su juicio, busquen obstruir los avances legislativos y ejecutivos surgidos de las urnas.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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