Contraloría instruye investigación contra la SEGEGOB por publicaciones que aludían a un “Estado que quiebra”
El organismo fiscalizador ordenó al Ministerio Secretaría General de Gobierno iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que participaron en la difusión de mensajes en redes sociales institucionales. La decisión se fundó en que dichas publicaciones contenían expresiones que podían inducir a error o generar alarma en la ciudadanía.
La Contraloría General de la República se pronunció luego de que un grupo de diputados, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y distintos ciudadanos presentaran denuncias en contra de la SEGEGOB. En ellas se acusaba a las autoridades del Ejecutivo de haber infringido los principios de probidad administrativa y prescindencia política al emplear un lenguaje que calificaba al Estado como “en quiebra” o “quebrado”, en el marco de la campaña comunicacional “Plan Chile Sale Adelante”.
CONTEXTO DE LAS PUBLICACIONES CUESTIONADAS
La cartera ministerial, al responder ante la Contraloría, explicó que las expresiones controvertidas se usaron en un sentido coloquial, con el objetivo de informar sobre medidas de ahorro fiscal, contención del gasto público y modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO). No obstante, el propio ministerio reconoció que el lenguaje utilizado “puede no haberse ajustado cabalmente al estándar de moderación y mesura” que se exige a las autoridades públicas. Como consecuencia, la SEGEGOB eliminó la publicación y se comprometió a evitar en el futuro expresiones que pudieran provocar confusión.
ESTÁNDARES PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
En su dictamen, el órgano contralor recordó que todos los órganos del Estado y sus funcionarios deben ceñirse a los principios de juridicidad, probidad y transparencia. Subrayó que las redes sociales institucionales solo pueden ser empleadas para comunicar materias vinculadas al cumplimiento de funciones públicas y al acceso de la ciudadanía a información relevante. Por lo tanto, las autoridades no pueden destinar recursos ni plataformas estatales a actividades de carácter político ni a difundir mensajes ajenos a los fines del organismo.
El dictamen precisó que la SEGEGOB sí posee atribuciones legales para desarrollar labores comunicacionales y utilizar redes sociales para informar sobre políticas públicas y programas gubernamentales. Sin embargo, enfatizó que dichas comunicaciones deben ajustarse a criterios de veracidad, moderación y precisión, sobre todo cuando se emplean conceptos que puedan inducir interpretaciones erróneas o generar alarma pública.
FALTA DE RESPALDO TÉCNICO
Al analizar los antecedentes aportados por el ministerio, la Contraloría concluyó que la SEGEGOB acompañó información sobre endeudamiento fiscal y gasto público para justificar el contenido de la publicación, pero no presentó elementos suficientes que avalaran “fáctica y técnicamente” las expresiones específicas utilizadas, en particular la noción de un “Estado quebrado”. El propio ministerio reconoció que el mensaje no se ajustó plenamente al estándar exigido para el ejercicio de la función pública.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
En virtud de lo anterior, el ente fiscalizador instruyó a la repartición adoptar medidas para evitar nuevas publicaciones imprecisas y ordenó iniciar un proceso disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en la elaboración y difusión de los mensajes cuestionados. El dictamen, identificado como D254N26 de la CGR, está disponible para su consulta en los canales oficiales del organismo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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