El Senado chileno comenzó el proceso de revisión de los primeros integrantes del consejo directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales, en una sesión conjunta de las Comisiones de Constitución y Economía celebrada el 12 de mayo de 2026.
La instancia, encabezada por el presidente de la comisión y con la participación del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Más, y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvez García Rumin —quien se excusó por problemas de agenda—, tuvo como objetivo analizar la propuesta del Presidente de la República para nombrar a tres consejeros que darán vida a este nuevo organismo autónomo.
CONTEXTO NORMATIVO
La Ley N° 21.719, que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, establece un hito institucional para Chile. Esta nueva institucionalidad reemplazará el marco de la Ley N° 19.628 y entrará en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026.
El artículo 53, numeral 5 de la Constitución Política de la República, entrega al Senado la facultad de prestar o negar su consentimiento a los nombramientos que realice el Presidente en los casos que la ley exija. En esta línea, la cuarta disposición transitoria de la Ley N° 21.719 dispone que el Senado debe pronunciarse dentro de los seis meses anteriores a la vigencia de la ley; de lo contrario, la propuesta presidencial se entenderá aceptada por silencio administrativo.
LOS CANDIDATOS PROPUESTOS
El Ejecutivo presentó una terna con distintos períodos de duración en el cargo, diseñada para asegurar la renovación parcial del consejo cada dos años:
Joselyn Elizabeth Birman Muñoz, ingeniera comercial de la Universidad del Bío-Bío y máster en administración de empresas de la misma casa de estudios, fue propuesta para un período de seis años. Cuenta con más de una década de experiencia en gobierno de datos, protección de datos personales e inteligencia artificial, y actualmente se desempeña como subgerenta de gobierno de IA, datos y protección de datos en un consorcio financiero.
Roberto Antonio Godoy Fuentes, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un máster en administración y políticas públicas de la Universidad de Chile, fue propuesto para un período de cuatro años. Posee más de 30 años de experiencia en el sector público, con especialización en derecho público, regulación y diseño institucional. Participó como asesor en el Senado durante la tramitación de la Ley N° 21.719.
Matías Larraguibel Goicolea, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue propuesto para un período de dos años. Es fundador y gerente general de Bothala, empresa de inteligencia artificial que desarrolla soluciones digitales para diversas compañías, con experiencia directa en el tratamiento de datos personales desde la perspectiva técnica.
DEBATE SOBRE IDONEIDAD E INHABILIDADES
Durante la sesión, los senadores expresaron diversas posturas respecto a los perfiles presentados. Mientras algunos valoraron la multidisciplinariedad de la terna, otros manifestaron reparos sobre posibles inhabilidades establecidas en el artículo 30 quinquies de la ley.
Uno de los puntos más controvertidos fue si el giro comercial de Bothala, la empresa de Larraguibel, implica tratamiento de datos personales como actividad principal. El candidato aclaró que su empresa está registrada bajo el código 6209, correspondiente a actividades tecnológicas de servicios informáticos, y que el tratamiento de datos es un medio para la automatización, no el fin del negocio.
Respecto a Birman, se discutió si su cargo actual en un consorcio financiero, que incluye una compañía de seguros, podría generar incompatibilidad. Desde el panel se argumentó que la norma habla de empresas cuyo objeto sea el tratamiento de datos personales, y no todas las instituciones financieras encajan en esa descripción.
Un segundo aspecto crítico fue el cambio de la terna original. El 26 de marzo de 2026, el Ejecutivo había presentado una primera propuesta con tres candidatos, todos abogados, que posteriormente fue retirada sin explicación pública. La nueva terna, con perfiles multidisciplinarios, generó suspicacias en algunos senadores sobre la transparencia del proceso.
LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA AGENCIA
Los candidatos coincidieron en que la Agencia enfrenta desafíos significativos, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial y el tratamiento masivo de datos requieren una regulación técnica y especializada.
Entre las prioridades mencionadas destacaron: la implementación de un enfoque basado en riesgos reales, el desarrollo de capacidad técnica interna para supervisar sistemas de IA y biometría, la orientación preventiva antes que sancionatoria, y el gradualismo en la aplicación de la norma, enfocándose inicialmente en los sectores donde el daño potencial es mayor.
VOTACIÓN Y SUSPENSIÓN
Tras un extenso debate, la comisión no logró un acuerdo unánime para emitir una recomendación favorable. La sesión se suspendió y se programó una nueva reunión para el lunes siguiente a las 13:00 horas, con el objetivo de continuar el análisis de las posibles inhabilidades y resolver las dudas planteadas por los senadores.
El desenlace de este proceso definirá el inicio de operaciones de una institucionalidad clave para la protección de los datos personales en Chile, en un contexto donde el 1 de diciembre de 2026 se acerca como fecha límite para la entrada en vigencia plena de la nueva ley.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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