La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para entregar detalles del Informe Final N° 421 de la Contraloría General, que fiscalizó la compra de terrenos realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, ejecutado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, cuando la cartera estaba a cargo de Carlos Montes.
Durante la sesión, la autoridad fiscalizadora fue consultada por los parlamentarios acerca de eventuales sobreprecios en los terrenos adquiridos y si la investigación había detectado algún delito.
LA POSTURA DE LA CONTRALORA
En su presentación, Pérez aclaró que el organismo que lidera no remitió el informe al Ministerio Público, dado que, según los antecedentes recopilados, no se cumplía con el estándar legal que obliga a hacerlo. «La Contraloría solo investiga elementos que tengan que ver con la responsabilidad administrativa y civil», señaló, agregando que, en cuanto a la vía administrativa, se debe esperar los resultados del sumario interno.
La contralora fue enfática al reiterar que «no vimos, nosotros, de acuerdo a los antecedentes que tuvimos a la vista, delitos asociados». No obstante, advirtió que esta situación podría cambiar si en el marco del sumario el fiscal sumariante detecta hechos que, conforme a la legislación, revistan caracteres de delito. En ese caso, explicó, el fiscal tiene la obligación legal de remitir directamente los antecedentes al Ministerio Público, sin pasar por la Contraloría, incluso antes del control de legalidad final del sumario.
EL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
La investigación de la Contraloría se centró en la responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios involucrados en las compras de terrenos. Pérez recordó que en el ordenamiento chileno existen distintas clases de responsabilidades, y que la Contraloría solo aborda las dos primeras. La eventual responsabilidad penal, en tanto, queda radicada en el Ministerio Público si surgen antecedentes suficientes.
El informe detectó diversas falencias en los procesos de adquisición, pero sin configurar delitos según los antecedentes disponibles. El sumario administrativo en curso será el que determine si existen sanciones para los funcionarios que participaron en las operaciones.
SIN PRESENTACIÓN DEL MINISTRO
La sesión se extendió hasta las 17:00 horas, momento en que el presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Beltrán (RN), solicitó unanimidad para prorrogar la reunión por 15 minutos adicionales. El objetivo era escuchar las respuestas finales de la contralora y, además, la exposición del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien había sido citado.
Sin embargo, la diputada Tatiana Urrutia (FA) pidió que se diera prioridad a las respuestas de la contralora y que la presentación del ministro quedara para una próxima sesión, con la extensión que correspondiera. Ante la falta de unanimidad, el presidente de la comisión dio por terminada la instancia, lo que impidió la intervención del secretario de Estado.
MINISTRO PODUJE MANIFIESTA SU MOLESTIA
Tras el término de la comisión, el ministro Poduje expresó su malestar por la situación. Cuestionó el tiempo y los recursos destinados a una presentación que no pudo concretarse. «Quiero pedir excusas a los contribuyentes porque tuve que gastar mi tiempo y el de un equipo de ocho personas que vinimos a hacer nada», declaró.
Poduje adelantó que el ministerio preparaba un reporte sobre «gravísimas irregularidades» detectadas a partir del informe de la Contraloría. «Vamos a hacer un reporte indicando la gravísima irregularidad que hemos encontrado en el tema del suelo, asociada al informe de la Contraloría, que tiene que ver con falencias de política pública muy graves, equipos duplicados y compras totalmente irracionales», afirmó.
La comisión de Vivienda deberá retomar el análisis del informe y la exposición del ministro en una próxima sesión, aún sin fecha definida.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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