La paradoja de Arrau: de crítico feroz a nuevo jefe de la seguridad pública
El ingeniero civil Martín Arrau asumió el miércoles pasado como ministro de Seguridad Pública, cargo que en 2024 calificó como un gasto innecesario de impuestos y cuyo proyecto de creación fue duramente cuestionado por su partido, Republicanos. El giro resulta llamativo no solo por el cambio de postura, sino porque el propio Arrau se instaló en el mismo edificio de Teatinos 220 desde donde antes denunciaba la inacción de sus antecesores.
Arrau reemplaza a María Trinidad Steinert, quien reconoció en una entrevista radial que no existía un plan concreto para enfrentar la crisis de inseguridad y el avance del crimen organizado. El reemplazo se produjo sin mayores discusiones en el oficialismo, aunque algunos observadores destacaron la poca experiencia del nuevo ministro en materias de seguridad pública.
UN CRÍTICO QUE AHORA DEBE GESTIONAR
Durante su etapa como coordinador del área de Seguridad del Partido Republicano, Arrau cuestionó severamente la labor del entonces ministro Luis Cordero. En julio de 2024, en una intervención difundida en plataformas digitales, exigió liderazgo y medidas concretas, afirmando que la crisis requiere un cambio de actitud y pasar a la acción.
En esa misma oportunidad, el ahora secretario de Estado reclamaba «tolerancia cero, penas reales» y un régimen carcelario más duro. El lenguaje, típico de la línea republicana, contrasta con el tono conciliador que adoptó esta semana: «La seguridad requiere acuerdos amplios», escribió en sus redes sociales.
Arrau fue el hombre que José Antonio Kast pensó inicialmente para liderar la seguridad si ganaba la presidencia, pero siempre consideró que era un cargo demasiado riesgoso para su delfín político. Finalmente, tras el triunfo electoral, le encargó el Ministerio de Obras Públicas, cartera que Arrau desempeñó con satisfacción, según relatan cercanos que lo describen «como pez en el agua» por su estilo de trabajo intenso.
INTENSA LLEGADA A TEATINOS
El nuevo ministro inició su gestión a las 5:30 de la mañana del miércoles, llamando a los seremis de seguridad, y a las seis ya se encontraba en su despacho. Su primera decisión fue instalarse en el piso 4, donde había operado Cordero, a diferencia de Steinert que prefirió el piso 9 para albergar a su equipo de más de una decena de abogados.
Con cuaderno y lápiz, Arrau sostuvo una maratónica ronda de reuniones. Primero con los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, sin asegurar ni descartar su continuidad. Luego con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, a quien confirmó la entrega de compensaciones a funcionarios, y con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, con quien la relación con Steinert estuvo marcada por la polémica remoción de la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña.
A ambos jefes policiales les pidió aumentar la presencia de efectivos en las calles. Posteriormente recibió al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y al director del Centro Integrado de Coordinación Policial, general Juan Francisco González.
En la tarde fue el turno de la política: se reunió con la timonel de RN, Andrea Balladares; el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Cristián Araya; y conversó con legisladores de todos los partidos. El diputado Diego Schalper indicó que la bancada RN lo invitará a almorzar luego de la semana distrital. No pudo reunirse con el senador Karim Bianchi, quien se encontraba en Magallanes, pero acordó que lo harán este miércoles.
El Senado programó para el martes 2 de junio, un día después de la primera Cuenta Pública de Kast, una sesión especial donde se analizará el estado de seguridad del país.
NÚMEROS, PLAZOS Y EL PLAN PENDIENTE
En otra señal de urgencia, Arrau citó el 21 de mayo a sus subsecretarios, equipos y a sus 11 asesores de confianza que trabajaron con él en Obras Públicas. Durante una extensa jornada sin espacio para almorzar, revisó los proyectos dejados por Steinert y solicitó información detallada sobre plazos y costos.
La gran interrogante es si el gobierno cuenta efectivamente con un plan de seguridad. Desde el oficialismo aseguran que, desde inicios de abril, existe un documento con siete ejes estratégicos: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal y coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y nuevos desafíos ministeriales. El plan incluye seis nuevos proyectos de ley, entre ellos uno que castiga incivilidades, otro que crea un registro de vándalos, y una reforma a Carabineros con modernización institucional y aumento de salarios para policías en comunas de alto riesgo.
Sin embargo, algunas versiones indican que La Moneda podría haber guardado anuncios de mayor impacto para la Cuenta Pública del 1 de junio. La salida de Steinert generó dudas sobre por qué no se le dio el apoyo político y comunicacional para lucir el plan, si es que existía.
Arrau tiene ahora sobre su escritorio todos estos elementos para intentar saldar la principal deuda pendiente de Kast: una estrategia de seguridad pública que dé resultados concretos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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