La Ley Karin entró en vigencia en Chile el 1 de agosto de 2024 con el objetivo de prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. La normativa surgió tras el caso de la enfermera Karin Salgado, quien se suicidó luego de sufrir hostigamiento laboral.
A un año y nueve meses de su implementación, Pulso solicitó antecedentes a la Dirección del Trabajo (DT), liderada por el abogado David Oddó Beas. Según la información entregada, el 18,98% del personal de la DT realiza funciones vinculadas a la Ley Karin, es decir, 448 funcionarios de una dotación total de 2.360 trabajadores a nivel nacional.
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
De esos 448 funcionarios, 348 tienen dedicación no exclusiva: 196 abogados y 152 fiscalizadores que combinan estas denuncias con otras labores como fiscalización general, mediación y conciliación. En cambio, solo 100 funcionarios tienen dedicación exclusiva: 33 abogados y 67 fiscalizadores.
A nivel regional, la mayor concentración de personal asignado se encuentra en Biobío y la Región Metropolitana Poniente, con 49 trabajadores cada una. Le siguen la Región Metropolitana Oriente con 43 y O’Higgins con 39. Las dotaciones más reducidas están en Arica y Parinacota (6), Magallanes (7), Atacama (12) y Ñuble (13). La Región Metropolitana Poniente también lidera en dedicación exclusiva, con 19 funcionarios (12 abogados y 7 fiscalizadores).
DEMANDA SIN PRECEDENTES
Desde la DT explican que el despliegue busca responder a una demanda sin precedente en la historia del Servicio. En los primeros 17 meses de vigencia se acumularon 66.596 solicitudes de denuncia. Esta carga ha obligado a revisar flujos operativos y hacer ajustes tecnológicos para agilizar la recepción, preclasificación, ingreso y tramitación de denuncias.
Desde agosto de 2024, el organismo incorporó a 61 profesionales con dedicación exclusiva o no exclusiva a derechos fundamentales y Ley Karin. A pesar de la carga, los equipos han realizado 3.880 fiscalizaciones y cursado 1.933 sanciones que suman $4.486 millones.
OPINIONES DE EXPERTOS
Pulso consultó a varios abogados laboralistas sobre posibles mejoras a la ley. Óscar Lizaso criticó la amplitud del concepto de acoso laboral, que incentiva a problematizar situaciones innecesarias y deja al empleador en posición difícil. Sugirió reemplazar ese concepto por uno más razonable.
Luis Lizama propuso exonerar a la DT de funciones que no puede cumplir por falta de personal, incluir medidas de conciliación y mediación obligatorias, y permitir a los empleadores un examen de admisibilidad para rechazar denuncias infundadas.
Jorge Arredondo señaló que la DT aplica un criterio de admisibilidad por una circular interna, pero la ley no contempla que el empleador pueda establecer admisibilidad. Recomendó establecer una posibilidad de admisibilidad con impugnación para investigar solo hechos relevantes.
Gustavo Lorca indicó que la reforma hizo muy fácil configurar acoso laboral al requerir solo un hecho, lo que ha generado falsas denuncias y una avalancha que la DT no podía procesar. Destacó el déficit de fiscalizadores arrastrado desde 2010, acentuado con la Ley Karin.
Felipe Estay afirmó que la ley es de cumplimiento casi imposible debido a plazos estrictos y una definición amplia que satura el sistema. Urgió adaptarla con filtros para descartar acusaciones sin fundamento y fomentar una cultura de prevención y educación.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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