El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó los hallazgos iniciales de la auditoría integral que ordenó al aparato estatal, proceso que detectó un eventual riesgo fiscal que compromete recursos públicos por US$ 9.200 millones correspondientes a la administración del expresidente Gabriel Boric. Los antecedentes fueron expuestos este lunes por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, junto a otras autoridades del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
La revisión abarcó más de 913 millones de registros de datos de más de 500 servicios públicos, correspondientes al período 2022-2026. La subsecretaria Castillo aclaró que las alertas no implican automáticamente la existencia de fraudes, sino que incluyen errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y, en casos específicos, antecedentes que podrían configurar irregularidades o hechos de relevancia penal.
PAGOS POSTERGADOS POR US$ 3.200 MILLONES
Uno de los puntos más relevantes del informe es la detección de US$ 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 hacia 2026, cifra que equivale aproximadamente al 1% del PIB. Entre los programas y áreas afectadas figuran proveedores de salud, servicios de alimentación escolar de la Junaeb, gratuidad universitaria y cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado.
La subsecretaria Castillo calificó esta postergación como la más alta detectada en los últimos traspasos presidenciales. Según indicó, esa cifra es casi tres veces superior a la transferida durante la transición de Bachelet a Piñera, y prácticamente el doble de la transferida de Piñera a Boric.
COMPRAS PÚBLICAS POR TRATO DIRECTO
Otra alerta relevante apunta al uso reiterado de mecanismos excepcionales de compras públicas. Entre 2022 y 2026 se identificaron más de US$ 3.170 millones en adquisiciones realizadas mediante trato directo o compra ágil, en contextos donde existían condiciones para efectuar licitaciones públicas u otros mecanismos competitivos.
Castillo afirmó que se detectó un uso normal y recurrente de estos mecanismos, que están pensados como excepcionales para la contratación pública. Agregó que esta práctica puede derivar en la fragmentación de montos para realizar compras bajo los umbrales que obligan a licitar públicamente. Entre los organismos con alta concentración de compras bajo estas modalidades se encuentran la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), el Registro Civil, Junaeb y distintos servicios hospitalarios.
CUATRO ORGANISMOS BAJO INVESTIGACIÓN
El Ejecutivo anunció la apertura de investigaciones específicas en cuatro organismos públicos donde existen antecedentes particularmente relevantes:
En la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se indagarán posibles irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), como pagos por servicios que no se habrían prestado y eventuales sobreprecios.
En la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Prodemu) se investigará el presunto uso ineficiente de recursos públicos y las falencias en los controles internos.
En la Subsecretaría de Transportes se examinarán problemas de control financiero, rendiciones de cuentas pendientes y la falta de cobro de multas y garantías.
En la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) se identificaron altos porcentajes de rendiciones rechazadas y fondos sin rendir.
POSIBLES DERIVACIONES JUDICIALES
El gobierno enfatizó que, si se confirman los hallazgos, la información será enviada a las entidades pertinentes, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público, para que se evalúen las responsabilidades correspondientes.
La presentación fue encabezada por la subsecretaria Constanza Castillo, junto a los subsecretarios Máximo Pavez (Interior), Juan Pablo Rodríguez (Hacienda); el director de Presupuestos, José Pablo Gómez; el auditor general de gobierno, Cristián Muñoz; y el asesor presidencial Francisco Riveros.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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