Expertos de la UDP proponen rediseñar el beneficio de contribuciones para adultos mayores, vinculando el pago al ingreso real del contribuyente y evitando la exención total para personas de altos recursos, en reemplazo de la medida incluida en el proyecto de ley de Reconstrucción que avanza en el Congreso.
Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (Ocec-UDP), elaborado por los economistas Antonio Espinoza y Juan Ortiz, analiza la exención de contribuciones para mayores de 65 años contenida en la iniciativa gubernamental y plantea un esquema alternativo que considera fiscalmente más progresivo y neutral en el largo plazo.
CRITICA A LA MEDIDA DEL GOBIERNO
La propuesta del Ejecutivo, ya aprobada por la Cámara de Diputados y próxima a discutirse en el Senado, exime del pago del impuesto territorial de la vivienda principal a personas sobre 65 años. Según el estudio, esta medida beneficiaría a 294.607 personas, con una menor recaudación estimada para el Fondo Común Municipal (FCM) de 203.499 millones de pesos al año 15 de vigencia, monto que sería compensado con aportes fiscales.
El texto de la UDP advierte que dicha exención beneficia desproporcionadamente a adultos mayores de altos ingresos y con propiedades de mayor avalúo fiscal, toda vez que ya existe un beneficio –el Beneficio al Adulto Mayor (BAM)– que reduce las contribuciones para más de la mitad de esas personas. Los investigadores concluyen que su implementación tendría un efecto regresivo.
PROPUESTA DE LA UDP: TOPE SEGUN INGRESOS
En reemplazo de la exención, los economistas proponen un rediseño del BAM que establezca un porcentaje máximo del pago de contribuciones en relación con los ingresos anuales del contribuyente. El esquema no considera el avalúo fiscal de la propiedad ni el de otros bienes raíces del adulto mayor.
En concreto, la propuesta fija un pago de 0% para contribuyentes con ingresos anuales menores o iguales a 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA) –equivalente a casi 11 millones de pesos– y un pago entre 2% y 5% para aquellos con ingresos superiores a 13,5 UTA y hasta 30 UTA (aproximadamente 24 millones de pesos). Las personas con ingresos mayores a 30 UTA no quedarían exentas, a diferencia de lo que ocurriría con el proyecto del gobierno.
EL beneficio se aplica exclusivamente a la vivienda principal, de modo que el adulto mayor no pierda su residencia ni se vea forzado a cambiarse. Además, el avalúo de la propiedad deja de ser un determinante de elegibilidad, lo que otorga una cobertura mayor que el actual BAM, que excluye a algunas personas por el valor de sus inmuebles incluso si tienen ingresos bajos.
NEUTRALIDAD FISCAL Y EFECTOS EN EL FONDO COMUN MUNICIPAL
Un aspecto central de la propuesta es su neutralidad fiscal en el largo plazo. Los autores plantean que, cuando el pago de la contribución supere el tope máximo establecido según los ingresos del adulto mayor, la diferencia no se condona sino que es aportada por el Gobierno Central al Fondo Común Municipal. Esa suma se transforma en una deuda que se paga al momento de vender o heredar la propiedad.
Dado que el aporte del Gobierno Central es eventualmente liquidado en la enajenación, el esquema no genera una pérdida permanente de ingresos para el FCM. El estudio sugiere que, de aplicarse, incrementaría los recursos del fondo, a diferencia de la exención del gobierno que requiere compensación fiscal.
El informe destaca que el esquema propuesto es más progresivo que el BAM actual, porque considera un pago máximo en función del ingreso en lugar de una reducción porcentual uniforme, y al no eximir a personas de altos ingresos evita el efecto regresivo.
“El esquema propuesto permite avanzar hacia una mayor cobertura de adultos mayores, hacer el beneficio más progresivo y mitigar la pérdida de ingresos al Fondo Común Municipal. Más aún, tiene el potencial de ser implementado para más grupos de la población”, señalan los investigadores.
El estudio finaliza indicando que el proyecto de Reconstrucción del gobierno, al mantener la exención total para adultos mayores de altos ingresos, profundiza la desigualdad del sistema actual y genera un vacío regulatorio que el rediseño del BAM podría corregir.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
