TESORERÍA GENERAL ENFRENTA OLA DE RECURSOS DE PROTECCIÓN POR COBRO DEL CAE
La Tesorería General de la República ha debido hacer frente a una arremetida judicial sin precedentes en el contexto del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). Hasta el 10 de mayo, un total de 1.783 recursos de protección se habían interpuesto en contra de la institución, en el marco de los procesos de cobranza iniciados tras la asunción de la administración del Presidente José Antonio Kast. La ofensiva de cobro, impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha logrado recuperar más de $37 mil millones, según el balance más reciente entregado por la propia Tesorería.
CONTEXTO DE LA CONTROVERSIA
Los recursos de protección son una acción constitucional consagrada en la Carta Fundamental para resguardar derechos fundamentales ante actos ilegales o arbitrarios. A diferencia de un juicio ordinario, su tramitación es más expedita y se sustancia ante una Corte de Apelaciones. En esta oportunidad, los deudores del CAE han recurrido a esta vía alegando supuestas irregularidades en los procedimientos de cobro llevados a cabo por la Tesorería.
La masividad de las acciones judiciales ha obligado a la entidad a elaborar un informe destinado a refutar los argumentos esgrimidos por los recurrentes. Dicho documento busca demostrar la legalidad de los cobros y la correcta aplicación de las normas que rigen el crédito universitario.
DATOS REGIONALES DE LOS RECURSOS
Del total de 1.783 recursos de protección presentados hasta la fecha, solo 175 (equivalentes al 9,8%) han sido declarados admisibles por distintas Cortes de Apelaciones a lo largo del país. El resto ha sido declarado inadmisible o se encuentra a la espera de una resolución judicial.
La distribución geográfica de los recursos admisibles muestra una concentración en ciertas jurisdicciones. En Talca se tramitan 79 causas; en Valparaíso, 64; y en La Serena, 24. Estas cifras, proporcionadas por la Tesorería General, reflejan que los tribunales del país están conociendo de forma heterogénea los planteamientos de los deudores.
PERSPECTIVAS JURÍDICAS
El desenlace de estas acciones será clave para definir el futuro de la política de cobranza del CAE. Cada Corte de Apelaciones, al resolver un recurso de protección, sienta un criterio jurisprudencial que, si bien no es vinculante para otros tribunales –salvo que la Corte Suprema fije una doctrina en un caso concreto–, orienta la interpretación de las normas aplicables.
La Tesorería, por su parte, confía en que el informe presentado sirva para aclarar los puntos controvertidos y desestimar las alegaciones de ilegalidad o arbitrariedad. Mientras tanto, las audiencias ante las cortes siguen su curso, y se espera que en las próximas semanas se dicten los primeros fallos de fondo.
La magnitud del número de recursos evidencia el alto nivel de conflictividad que genera el cobro del CAE, un crédito que durante años estuvo sin una política de recuperación activa. Ahora, con las nuevas directrices gubernamentales, se enfrenta un escenario judicial complejo que marcará un antes y un después en la gestión de esta deuda estudiantil.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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