El debate sobre el régimen del penal Punta Peuco ha vuelto a instalarse en la agenda política luego de que el Presidente José Antonio Kast manifestara su disposición a revisar la decisión del gobierno anterior, que transformó el recinto en una cárcel común gestionada por Gendarmería. La discusión, que enfrenta posturas encontradas entre el oficialismo y sus socios, gira en torno a la posibilidad de restablecer la exclusividad del recinto para condenados por crímenes de lesa humanidad.
DECLARACIONES DESDE COPIAPÓ
Durante una gira en la Región de Atacama, el Mandatario afirmó que existía un consenso previo para que ciertos recintos penales albergaran exclusivamente a personas que hubieran sido miembros de las fuerzas armadas o policías. Según Kast, el gobierno anterior rompió ese acuerdo al mezclar poblaciones penales, situación que calificó como improcedente. Sus palabras abrieron la puerta a que Punta Peuco recupere su condición original, dejando atrás el modelo de cárcel común implementado durante la administración de Gabriel Boric.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, respaldó los dichos del Presidente. Señaló que la decisión adoptada por el gobierno previo no satisface al actual Mandatario y que se encuentra disponible para evaluar, analizar y revisar la materia. Adelantó que cualquier modificación será comunicada oportunamente.
RESPALDO DESDE EL PARTIDO REPUBLICANO
En el Partido Republicano defendieron la posición presidencial. El diputado Juan Irarrázaval subrayó la necesidad de resguardar la dignidad, integridad y vida de las personas privadas de libertad. A su juicio, mezclar poblaciones penales por revancha política constituye una irresponsabilidad. Argumentó que la segmentación por perfiles de riesgo es una regla básica de seguridad, tanto para proteger a los funcionarios de Gendarmería como para mantener el control al interior de los recintos.
Irarrázaval también criticó la herencia penitenciaria dejada por la izquierda, caracterizada por un sistema en colapso y con hacinamiento. Planteó que la urgencia real está en avanzar en la construcción de una mega cárcel de alta seguridad que aisle a los líderes del crimen organizado y el narcotráfico. Afirmó que un Estado serio debe construir infraestructura y segmentar por estricta seguridad nacional, no por caprichos políticos.
SILENCIO EN PARTE DE LA CENTRODERECHA
No todo el oficialismo se siente cómodo con este debate. Consultados por este medio, distintos dirigentes de Evópoli y Renovación Nacional optaron por no referirse al tema. En la centroderecha existe distancia frente a la idea de realizar gestos hacia la base de apoyo más dura del gobierno.
VISIÓN DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO
El diputado Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), expresó su respaldo a la eventual modificación del régimen del penal. Señaló que el Presidente Kast tiene razón al afirmar que no corresponde mezclar poblaciones penales distintas en Punta Peuco. Recordó que el recinto fue creado bajo condiciones específicas y que modificarlas sin una política penitenciaria clara afectaría el orden y la seguridad interna.
No obstante, Marowski advirtió que el debate no debe agotarse en ese punto. Destacó que muchos internos son adultos mayores, varios no autovalentes y algunos padecen enfermedades terminales. Recordó que en campañas anteriores el Presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad, y que mucha gente esperaba avances concretos. También mencionó el compromiso del Mandatario con el apoyo a policías y militares condenados por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
El parlamentario planteó una interrogante sobre cómo recuperar la seguridad y respaldar a quienes enfrentan al crimen y al terrorismo en las calles si, cotidianamente, esos funcionarios ven a sus camaradas privados de libertad.
INDULTOS PRESIDENCIALES
En la misma jornada, el Presidente Kast se refirió a la posibilidad de otorgar indultos presidenciales. Aclaró que en campaña no hizo una promesa absoluta de indultar a todas las personas y se mostró transparente al respecto.
CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
El exministro de Justicia Jaime Gajardo, del Partido Comunista, cuestionó los dichos del Mandatario a través de su cuenta en la red social X. Sostuvo que en una democracia constitucional no pueden existir personas o grupos privilegiados. Calificó de improcedente que los peores criminales de la historia de Chile —condenados por delitos contra la humanidad— tengan una cárcel especial.
Gajardo destacó que tanto el Presidente Sebastián Piñera al cerrar el penal Cordillera en 2013, como el Presidente Gabriel Boric al transformar el expenal Punta Peuco en un recinto común en 2025, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Concluyó que sería inaceptable que el país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para violadores de derechos humanos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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