COMISIÓN DE FAMILIA RETOMA DEBATE SOBRE PERITAJES Y CURADURÍAS EN CAUSAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado reanudó el estudio de dos mociones refundidas que buscan modificar la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, con el objetivo de garantizar el debido proceso en causas que involucran a niños, niñas y adolescentes. Durante la sesión del 5 de mayo de 2026, los senadores escucharon a representantes del Ejecutivo, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron las falencias del actual sistema de peritajes judiciales y la labor de los curadores ad litem.
LOS EJES DE LA DISCUSIÓN: PERITAJES Y CURADURÍA
Las iniciativas, correspondientes a los boletines 14.950-07 y 14.982-07 (ingresados en mayo de 2022), fueron refundidas por la Sala el 31 de mayo de 2022. Una de las mociones se enfoca en la regulación de los peritajes judiciales, mientras que la otra aborda el rol del curador ad litem, figura clave para representar los intereses de los menores en los procesos familiares.
El proyecto fue consultado a la Corte Suprema, que emitió el Oficio N° 125 de 2022, señalando diversas críticas al texto original. Entre ellas, destacó la falta de definición clara sobre el rol del perito, la insuficiente formación de jueces y abogados para valorar pruebas científicas, y la necesidad de mejorar los sistemas de designación y control ético de los expertos.
POSICIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: RIESGO DE FORMALISMO EXCESIVO
El jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Patricio Cuevas, advirtió que el proyecto, tal como está redactado, corre el riesgo de imponer definiciones y requisitos de admisibilidad que podrían “poner una camisa de fuerza” al sistema. Explicó que en el ordenamiento chileno existen dos modelos de peritaje: el tradicional, contenido en el Código de Procedimiento Civil (artículos 314 y siguientes), que es rígido y formalista; y el modelo adoptado por los tribunales reformados (familia, laboral y penal), que se basa en la oralidad, la inmediación y la sana crítica para la valoración de la prueba.
Cuevas señaló que, si bien el proyecto aborda problemáticas reales –como la dificultad de los jueces para valorar informes periciales y el riesgo de que estos sean copiados en las sentencias–, la solución no debiera pasar por definiciones legales restrictivas, sino por mejorar la formación de los operadores jurídicos y fortalecer la gestión de las instituciones públicas que emiten peritajes, como el Servicio Médico Legal y las policías. Asimismo, recomendó escuchar a más actores, incluyendo programas como “Mi Abogado” y el antiguo programa de curaduría, actualmente denominado “Niñez y Adolescencia se Defiende”.
TESTIMONIOS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL: FALENCIAS Y URGENCIA DE REFORMAS
La psicóloga clínica y perito judicial Carolina Valenzuela, presidenta de la Fundación Crianza Compartida, expuso las graves deficiencias que ha observado en el sistema. Denunció que los curadores ad litem faltan a audiencias, cambian constantemente sin generar vínculos con los niños, y no siempre entrevistan a ambas partes del conflicto. Respecto a los peritos, criticó que los listados de las Cortes de Apelaciones exigen solo cinco años de experiencia general, sin requerir especialización en infancia o en el ámbito forense. Advirtió que muchos informes periciales carecen de metodología adecuada, utilizan instrumentos no validados en Chile y presentan sesgos de género. Además, señaló que los peritos de los programas de Diagnóstico Clínico Especializado (DCE) no están obligados a declarar en audiencia, a diferencia de los peritos de parte, lo que genera una asimetría en el control de calidad.
Por su parte, Rodrigo Smart, representante de la Fundación Ni un Día Más, puso el acento en lo que denominó una “crisis silenciosa” en el sistema de peritajes psicológicos. Afirmó que existe un mercado informal donde los informes se emiten en favor de quien paga, sin estándares mínimos, y que el lucro ha convertido a los tribunales de familia en una “industria del dolor”. Solicitó la creación de un registro nacional obligatorio de peritos, con estándares claros de formación y ética, así como la definición de incompatibilidades entre funciones públicas y el ejercicio privado.
ASESOR LEGISLATIVO: NECESIDAD DE PATROCINIO DEL EJECUTIVO
El asesor legislativo Sergio Mancilla recordó que las mociones originales buscaban corregir las deficiencias en los nombramientos de peritos y la labor de los curadores, pero que para avanzar se requiere el patrocinio del Ejecutivo en varias materias que irrogan gasto fiscal. Destacó que la Corte Suprema, en su informe de 2022, ya había recomendado reformar el sistema, implementar evaluaciones en línea y transparentar los costos de los informes periciales. Asimismo, subrayó la necesidad de contar con estadísticas reales sobre el funcionamiento del sistema, ya que actualmente no existen datos públicos que permitan medir la magnitud de los problemas.
PRÓXIMOS PASOS: MÁS AUDIENCIAS Y OFICIOS
La presidenta de la comisión, senadora Campillay, junto a los senadores Enrique Van Rysselberghe y Carvajal, coincidieron en la urgencia de seguir escuchando a otros actores, como la Asociación de Magistrados, el Defensor de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social. Se acordó enviar un oficio a esta última cartera para conocer el eventual cierre de la Fundación para la Familia y el recorte presupuestario a sus programas.
La comisión continuará el análisis del proyecto en las próximas sesiones, con la disposición de buscar el patrocinio del Ejecutivo para aquellas materias que requieran iniciativa presidencial. Los senadores reiteraron que el objetivo central es garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban una justicia oportuna, imparcial y basada en informes periciales de calidad, libre de conflictos de interés y de prácticas que profundicen la desigualdad.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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