El Senado aprobó en general, con un estrecho margen de votos, el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile. La iniciativa, que modifica la Ley de Migración y Extranjería, fue respaldada por 24 votos a favor contra 20 en contra, luego de que la sesión se suspendiera para que los comités parlamentarios acordaran el quórum de votación. Finalmente, se mantuvo el quórum simple con el que el proyecto provenía de la Cámara de Diputados.
LA VOTACIÓN Y SUS ANTECEDENTES
La Cámara Alta fijó un plazo hasta el 28 de mayo para la presentación de indicaciones, con el objetivo de perfeccionar el contenido de la propuesta. Este paso se produce después de que la Comisión de Gobierno del Senado rechazara la idea de legislar, lo que obligó a que el proyecto se votara directamente en la Sala. En enero de 2024, la Cámara de Diputados ya había aprobado la iniciativa por 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, celebró la aprobación y señaló que el proyecto constituye una herramienta para enfrentar la emergencia migratoria irregular de los últimos años. Según Alvarado, la iniciativa tiene un carácter disuasivo y su finalidad es la prevención, una de las características clásicas de las normas penales.
LAS MODIFICACIONES PENALES PROPUESTAS
El proyecto integra un nuevo tipo penal a la Ley de Migración y Extranjería, sancionando con presidio el ingreso clandestino a territorio nacional. En concreto, quienes sean sorprendidos ingresando de forma irregular se arriesgan a una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va de 61 a 540 días, además de una multa de 5 a 10 UTM.
La propuesta establece una agravante para quienes ingresen clandestinamente teniendo una prohibición vigente de ingreso al país. En ese caso, la sanción asciende a presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, entre 541 días y 5 años de presidio.
POSTURAS ENCONTRADAS EN EL DEBATE
Desde la oposición surgieron críticas centradas en la efectividad de la medida para controlar la migración irregular. El senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, sino que lo debilita al desordenar el sistema jurídico y tensionar principios básicos de la dogmática penal. A su juicio, la iniciativa genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica.
Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que el efecto práctico de tipificar el ingreso clandestino sería que las personas que han entrado ilegalmente se queden en el país, cuando el objetivo debiera ser su expulsión. En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez (FA) recordó las aprehensiones expresadas por la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública sobre el proyecto.
El senador Daniel Núñez (PC) señaló que la iniciativa fue presentada en 2022 en un contexto migratorio muy diferente al actual de 2026, citando cifras del director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum. Según Núñez, las condiciones cambiaron y el proyecto podría tener el efecto contrario al buscado.
ARGUMENTOS DEL OFICIALISMO
Desde el oficialismo, el senador Andrés Longton (RN) defendió la tipificación del ingreso irregular porque las expulsiones administrativas dependen exclusivamente de la voluntad de los gobiernos. A su juicio, permitir una expulsión por vía judicial resulta infinitamente más rápida que el procedimiento administrativo.
El senador Cristián Vial (Ind. Rep) describió el proyecto como una advertencia jurídica contraria al efecto llamada del pasado, y aclaró que no se trata de criminalizar la migración, sino de asumir una conducta específica asociada a redes de tráfico, documentación falsa o elusión del control estatal.
Alejandro Kusanovic (Ind.) resumió su apoyo señalando que la falta de medidas oportunas frente al problema migratorio generó incentivos indirectos hacia la irregularidad, por lo que es momento de corregir lo que no se corrigió a tiempo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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