El cronograma fijado por la reforma previsional para la integración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al nuevo Seguro Social avanza con una fecha crítica: agosto de 2026. A poco más de un año de ese hito, el presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp), Enrique Marshall, acudió esta semana a la comisión de Hacienda del Senado para solicitar celeridad en la tramitación del proyecto que regula el traspaso del SIS al organismo público. Su advertencia fue clara: sin esa aprobación legislativa durante 2025, la licitación del seguro para el período 2027 corre el riesgo de realizarse en condiciones subóptimas.
LA NORMA DE TRANSICIÓN
La ley que reformó el sistema de pensiones estableció que a partir de agosto de 2026 el actual SIS pasará a ser una de las prestaciones administradas por el Seguro Social, un régimen de carácter técnico y autónomo gestionado por el Fapp. Para financiarlo, los empleadores deberán enterar una cotización del 2,5% de la renta imponible, porcentaje que reemplazará la prima variable que hasta ahora destinaban al SIS (entre 1,3% y 2,3%, con un promedio histórico de 1,5%). Esa misma cotización también cubrirá la compensación por mayor expectativa de vida de las mujeres.
El proyecto que viabiliza este traspaso fue ingresado al Congreso en junio de 2025 por la administración anterior y permanece en su primer trámite constitucional. Marshall pidió a los senadores que la iniciativa sea aprobada dentro del presente año, argumentando que el Fapp necesita certezas jurídicas para preparar el proceso licitatorio del SIS para 2027. “Queremos que esa licitación se haga bajo las mejores condiciones posibles, que se genere competencia”, señaló.
EL DEBATE SOBRE EL ALCANCE DEL TRASPASO
Desde la presentación del proyecto, la industria aseguradora y algunos expertos manifestaron su expectativa de que el texto incorporara modificaciones de fondo al funcionamiento del SIS, y no se limitara a un traspaso administrativo. Marshall recogió esa crítica y sugirió que eventuales ajustes más profundos podrían abordarse en una iniciativa posterior. “Podría haber posteriormente otro proyecto que se haga cargo de otros temas”, indicó.
En la misma línea, el presidente del Fapp reveló que el consejo del organismo evalúa un cambio de régimen para el seguro. Explicó que el SIS, originalmente concebido como un seguro puro, derivó en un sistema de administración donde el riesgo no es asumido completamente por las compañías de seguros, sino que recae sobre los empleadores. “La idea, en el mediano plazo, es que esto vuelva a ser un seguro, y salirnos de este esquema de administración”, afirmó, agregando que la industria aseguradora se mostró abierta a esa transición, sujeta a gradualidad.
SOSTENIBILIDAD DEL FONDO
Marshall destacó que la incorporación del SIS es “un factor de máxima importancia para efectos de la sostenibilidad financiera del Fapp”. Según los antecedentes que presentó, en 2027 el 40% de los ingresos del Fondo se destinará al pago del seguro, lo que obliga a un monitoreo permanente. No obstante, el primer informe actuarial no estará disponible antes de fines de 2027, aunque la ley exige estudios trienales.
“Estamos en disposición de aportar técnicamente, pero entendemos que es un tema que a estas alturas, antes de tener el informe actuarial, se escapa un poco de nuestras manos”, dijo, ofreciendo colaborar en una eventual mesa técnica.
LA RESPUESTA A LAS AFP
Cuando el proyecto fue presentado, las AFP criticaron que no cumplía con la promesa de la reforma previsional de efectuar un “pleno traspaso” del SIS al Seguro Social, argumentando que las administradoras mantendrían un rol operativo. Marshall, sin mencionar directamente a las gremiales, replicó esa postura.
“Ha habido una argumentación a nivel de opinión pública, en el sentido de que se le traspasaran al Fondo Autónomo también tareas operacionales”, señaló. En su opinión, asumir funciones como la gestión de comisiones médicas o la atención de reclamos generaría una “tensión” que desviaría el foco del Fapp, cuyo mandato principal es asegurar el financiamiento y la sostenibilidad.
Para graficar el impacto, indicó que el Fapp cuenta hoy con una dotación de 45 personas y espera no superar las 65. Si debiera absorber tareas operacionales, “tendríamos que abrir oficinas desde Arica a Punta Arenas y seríamos 300 o 400 personas”, advirtió. Esos costos, agregó, se girarían del propio Fondo, es decir, de los cotizantes. “Asumir tareas operacionales no solo implica más recursos, que no tenemos, capacidades que no hemos establecido, sino que también habría un desvío del foco del mandato”, puntualizó.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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