El impacto restrictivo de la Tasa Máxima Convencional (TMC) sobre el acceso al crédito formal lleva años siendo tema de discusión entre reguladores, la industria financiera y la academia. Un estudio reciente, elaborado por los economistas Hermann González, Alberto Belmar y Óscar Perelló, encargado por la Asociación del Retail Financiero y presentado en la Universidad San Sebastián, plantea cuatro caminos concretos para flexibilizar este límite y, según sus proyecciones, incorporar a más de 200 mil personas al sistema crediticio regulado.
La investigación, titulada “TMC: evaluación y propuestas de cambio para contribuir a la inclusión financiera”, fue expuesta por González en un encuentro donde también participaron la economista Cecilia Cifuentes y el presidente de BancoEstado, Mario Farren. Todos coincidieron en que la fórmula actual, modificada en 2013, genera exclusión y empuja a los segmentos más vulnerables hacia mecanismos informales como el “gota a gota”.
DIAGNÓSTICO DE LA EXCLUSIÓN
El estudio parte de una constatación: entre 2015 y 2024, la TMC promedio para créditos de hasta 50 UF fue de 37,2%, mientras que para el tramo entre 50 y 200 UF alcanzó 30,5%. Esto representa una caída de 15 y 9,2 puntos porcentuales, respectivamente, respecto del escenario anterior a la reforma. Sin embargo, esa reducción no benefició a los hogares más riesgosos, sino que restringió la oferta para quienes menos tienen.
Según el documento, la reforma de 2013 redujo el multiplicador implícito sobre la tasa promedio (TIC) desde 1,5 a 1,07 para créditos de 0–50 UF y a 1,15 para los de 50–200 UF. Esto, explican los autores, tornó la TMC más restrictiva para los préstamos de menor monto que para otras operaciones, limitando la capacidad de las instituciones financieras de ajustar tasas según el riesgo.
El Banco Central ya había advertido antes de la reforma que niveles cercanos al 35% podrían excluir entre el 4% y el 9% de los hogares, y hasta el 37% entre los de menores ingresos. Evaluaciones posteriores de la ex Superintendencia de Bancos (SBIF) entre 2015 y 2017 confirmaron esos temores: entre 150 mil y 227 mil clientes perdieron acceso al crédito formal. “Esta cifra no incorpora a quienes no pudieron ingresar en años posteriores bajo condiciones más restrictivas”, señala el estudio.
Además, la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) muestra una contracción del crédito formal y un repunte del informal, incluso entre sectores medios. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha identificado un crecimiento sostenido de oferentes irregulares, y BancoEstado ha alertado sobre estafas vinculadas a productos crediticios. En el plano internacional, el estudio compara a Chile con países de la Alianza del Pacífico y Brasil, donde la regulación es más laxa o no existe un tope máximo para este tipo de crédito.
LAS CUATRO ALTERNATIVAS
El estudio propone modificar la fórmula vigente para créditos entre 0 y 50 UF y entre 50 y 200 UF, en moneda nacional y con plazos superiores a 90 días. Las alternativas se ordenan de menor a mayor flexibilidad:
La primera, una flexibilización acotada, establece una tasa máxima de 1,33 veces la tasa promedio, similar al modelo francés. Con esta opción, la TMC promedio para 0–50 UF habría sido 46,25% y para 50–200 UF, 35,23%, incorporando a unas 165 mil personas.
La segunda mantiene la estructura actual pero reduce los factores aditivos, alcanzando 1,4 veces la tasa promedio. Las tasas simuladas son 48,77% y 36,49%, respectivamente, con un potencial de inclusión de aproximadamente 200 mil personas.
La tercera alternativa vuelve al régimen anterior a 2013, restableciendo el factor multiplicativo de 1,5 sobre la tasa promedio del segmento, el mismo que rige para créditos superiores a 200 UF. Esto implicaría tasas de 52,16% para 0–50 UF y 39,73% para 50–200 UF, permitiendo que cerca de 250 mil personas accedan al crédito formal.
La cuarta alternativa, más innovadora, propone crear un nuevo tramo de TMC para créditos de hasta 20 UF o 25 UF –equivalentes a menos de $1 millón–, con el objetivo de captar a personas de bajos ingresos que hoy recurren al crédito informal.
El estudio también insta a la CMF a actualizar su evaluación de impacto con datos recientes y mejores metodologías, para calibrar con mayor precisión cuántas personas se beneficiarían con cada alternativa.
EL DEBATE ENTRE EXPERTOS
Tras la presentación de González, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, moderó un conversatorio con Cecilia Cifuentes y Mario Farren.
Cifuentes afirmó que el cambio de 2013 no funcionó y debe revisarse. Recordó que cuando se legisló, ella estaba en el gobierno y advirtió que existía un objetivo no declarado de excluir a un segmento de la población por considerarlo “no apto” para endeudarse. “Eso partía de un error”, sostuvo. Entre las alternativas del estudio, se inclinó por la tercera por ser “lo más simple, lo más razonable, lo más parejo”.
Farren coincidió en que la legislación de 2013 es “un caso de pésima regulación” que generó exclusión y, según él, llevó a la desaparición de las divisiones de crédito de consumo de las instituciones financieras. “El crédito informal es una división de negocios del crimen organizado”, enfatizó, respaldado por Cifuentes.
Ambos expertos coincidieron en que la flexibilización de la TMC es urgente para combatir la exclusión financiera y el crecimiento del crédito ilegal, y que las propuestas del estudio ofrecen un punto de partida técnico para el debate legislativo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
