El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, encendió las alertas al plantear la posibilidad de que los secuestros ejecutados por organizaciones criminales, particularmente el Tren de Aragua, comiencen a desplazarse hacia comunas del sector oriente de Santiago. La advertencia, formulada en una entrevista radial, pone sobre la mesa un escenario que hasta ahora parecía lejano para barrios de mayor poder adquisitivo, donde la seguridad privada y la tecnología de vigilancia son más densas. Barros describió una evolución delictiva que ha pasado de apuntar a inmigrantes con recursos o vinculados al narcomenudeo, a una extorsión sistemática contra pequeños comerciantes en comunas como Santiago, Recoleta, Estación Central e Independencia. Sin embargo, el persecutor no descarta que las bandas crucen la «barrera» de Plaza Italia para expandir sus operaciones hacia la zona oriente, seducidas por un blanco con mayor capacidad económica.
HIPÓTESIS DEL FISCAL: UNA MUTACIÓN EN CURSO
Según Barros, el perfil de las víctimas ha mutado con los años. En una primera etapa, los secuestros afectaban principalmente a extranjeros que habían logrado un cierto éxito económico o que estaban involucrados en el tráfico de drogas y no rendían cuentas al Tren de Aragua. Luego, el delito se volcó hacia pequeños comerciantes chilenos en comunas del centro y poniente de la capital. El fiscal subrayó que, aunque el fenómeno «se ha mantenido de Plaza Italia para abajo» —territorios que las bandas conocen y controlan—, no se descarta un cambio de patrón. «Los integrantes de estos grupos podrían derivar hacia sectores de la zona oriente, hasta que se den cuenta de que pueden acceder a grupos que tienen más poder económico y que les permita, con la logística que tienen, secuestrar», afirmó Barros. El persecutor reconoció que en el sector oriente existe mayor control de cámaras, lectores de patentes y seguridad ciudadana, y que esos espacios no están controlados por las bandas, pero advirtió que «en algún momento eso va a ocurrir».
VISIÓN DE LOS EXPERTOS: PLENAMENTE FACTIBLE
El académico de la Universidad de Santiago y experto en seguridad, Diego Hernández, calificó la hipótesis de Barros como «absolutamente plausible». No obstante, puntualizó que la evidencia disponible sobre la operativa del secuestro —particularmente en organizaciones como el Tren de Aragua— muestra que estas se concentran en segmentos más vulnerables de la población. Esto, porque al tratar con personas en situación migratoria irregular, por ejemplo, los secuestradores tienen mayores probabilidades de éxito en su cometido. Hernández advirtió que si el delito efectivamente migra hacia el sector oriente, las bandas requerirán un estudio más acabado de sus potenciales víctimas, lo que implica «más trabajo y una operativa más acabada». Es decir, el salto hacia blancos de mayor poder adquisitivo exigiría una planificación más sofisticada y recursos adicionales.
En la misma línea, Juan Castañeda, investigador y académico de la Universidad Autónoma, sostuvo que la tesis del fiscal «es definitivamente afirmativa». Explicó que las economías criminales no se detienen ante fronteras ni tecnologías avanzadas. «Si el sector oriente de la capital se presenta como un mercado económicamente atractivo, la actividad delictiva inevitablemente buscará expandirse hacia esa zona», afirmó. Castañeda reconoció que Chile cuenta con instituciones de orden y seguridad altamente capacitadas para investigaciones de alcance nacional e internacional, apoyadas en la cooperación con otros países. Sin embargo, identificó dos grandes desafíos: la urgencia de implementar modificaciones legales que fortalezcan el marco jurídico y la necesidad de generar un cambio cultural en la sociedad chilena, especialmente en las grandes urbes, para adoptar dinámicas preventivas cotidianas.
DESAFÍOS LEGALES Y PREVENTIVOS
La eventual expansión de los secuestros hacia el sector oriente plantea interrogantes no solo operativas, sino también normativas. Los expertos coinciden en que el marco jurídico actual debe ser revisado para dotar a las policías y al Ministerio Público de herramientas más efectivas frente a organizaciones criminales transnacionales. Asimismo, la prevención ciudadana aparece como un factor clave. En un contexto donde la delincuencia organizada no distingue comunas ni límites territoriales, la adaptación de protocolos de seguridad y la colaboración entre vecinos y autoridades se vuelven esenciales. La advertencia del fiscal Barros, respaldada por los académicos, insta a no subestimar la capacidad de adaptación de estas bandas, que podrían estar evaluando nuevas geografías para sus operaciones.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
