El próximo año la Contraloría General de la República cumplirá su primer centenario. En el derecho comparado, esta institución es vista como un rasgo distintivo del ordenamiento jurídico chileno, pieza clave en la construcción del Estado de Derecho. Sin embargo, a las puertas de ese hito, resurge una tensión recurrente: la tentación de algunos gobiernos de instrumentalizar la función de auditoría con fines políticos de corto plazo. Un análisis reciente advierte que banalizar ese rol técnico e independiente no solo debilita la confianza en las cifras públicas, sino que abre la puerta a la polarización.
UN SIGLO DE CONTROL INDEPENDIENTE
La trayectoria de la Contraloría no ha sido fácil. Ni bajo la Constitución de 1925 ni bajo la actual ha dejado de incomodar a administraciones de distinto signo político, pese a que sus titulares han tenido perfiles y visiones diversas sobre el derecho público. La Constitución vigente le otorga una independencia máxima frente al poder político y le asigna un conjunto de funciones que la convierten en el máximo órgano de control administrativo. Ese rol es eminentemente técnico y lo ejecutan profesionales especializados en el quehacer administrativo nacional.
UNA FUNCIÓN QUE NACE DEL CONSTITUCIONALISMO
La llamada “función de auditoría” es un elemento estructural del Estado de Derecho desde los orígenes del constitucionalismo. Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se reconoció el derecho de todo ciudadano a vigilar el uso de los recursos públicos y a exigir rendición de cuentas a quienes ejercen funciones públicas. Esa vigilancia exige seriedad —traducida en profesionalismo y tecnicismo— e independencia del poder controlado, condición que la hace fiable.
Esa máxima no solo está recogida en la actual Constitución, sino que proviene de la tradición democrática chilena iniciada en 1925 y se mantuvo, con distintas orientaciones, en todas las propuestas constitucionales de la década constituyente (2014-2024). En síntesis, una función de auditoría radicada en un órgano independiente, profesional y técnico es una constante constitucional en Chile.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESAFÍOS PENDIENTES
En los últimos años, la función de auditoría se ha robustecido. La Contraloría creó una unidad interna dedicada a velar por la calidad de las auditorías y su mejora continua. Además, el Congreso Nacional ha fortalecido la articulación de la Contraloría con los organismos internos de control de las reparticiones públicas, incluido el control que ejerce la labor jurisdiccional. Gracias a esto, Chile mantiene una posición respetable en índices internacionales sobre Estado de Derecho y control administrativo.
Eso no significa que no existan desafíos urgentes. Por ejemplo, se requiere fortalecer el control preventivo de la corrupción mediante alertas tempranas que activen controles más intensos. Tampoco implica que las orientaciones generales del control y de las auditorías deban sustraerse al escrutinio público. Una democracia madura discute estos temas. El punto es que esa discusión debe darse resguardando la institucionalización de la auditoría que el constitucionalismo chileno ha construido.
EL RIESGO DE POLITIZAR LA AUDITORÍA
El análisis sostiene que no se puede banalizar esta tarea por intereses políticos de corto alcance, menos aún cuando se pretende sembrar dudas sobre cifras públicas cuya credibilidad internacional ha costado décadas construir. Esto ocurre en un contexto de crisis de confianza hacia la institucionalidad democrática, lo que abre camino a la polarización y su agudización.
Se critica al gobierno por banalizar la función de auditoría nacional, emprendida por autoridades políticas bajo su dependencia, así como la fallida promesa de una auditoría de carácter internacional. Resultados poco confiables, por su instrumentalización política, opacan y relegan en la deliberación pública aquellos que provienen de la institucionalización de una función estructurante del Estado de Derecho.
El gobierno anterior tuvo luces y sombras, como todos, y el actual también las tendrá. Pero el sistema de control construido ha funcionado y sus cifras son razonablemente confiables. Esa debe ser la base para discutir mejoras institucionales o articular la crítica política propia de una democracia. Aunque pueda requerir perfeccionamientos, la Contraloría General de la República es una institución que merece cuidado y respeto. Un siglo ha costado construirla.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
