La tramitación del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica sumó un nuevo frente de conflicto durante la sesión de la Comisión de Hacienda de este lunes. Mientras el ministro Jorge Quiroz intentaba exponer los alcances de la iniciativa, los diputados opositores concentraron sus críticas en lo que consideran una velocidad excesiva en el debate y, sobre todo, en un posible vicio de forma que podría derivar en una impugnación ante el Tribunal Constitucional.
El ambiente en la sala fue tenso desde el inicio. Aunque el secretario de Estado logró presentar su discurso, el tiempo resultó insuficiente para responder todas las preguntas de los legisladores, lo que incrementó el malestar. El cronograma fijado por el presidente de la comisión, Agustín Romero (Partido Republicano), en coordinación con el Ejecutivo, apuntaba a comenzar las votaciones dentro de la misma semana, una meta que varios parlamentarios calificaron de irrealista para un proyecto de esta envergadura.
CUESTIONAMIENTO REGLAMENTARIO
El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) fue quien puso sobre la mesa el punto más sensible de la jornada. Denunció que la decisión del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), de enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda y, simultáneamente, a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, vulnera lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación.
Brito argumentó que dicha norma establece con claridad que cuando un asunto se envía a dos o más comisiones para su estudio e informe, debe ser conocido sucesivamente por cada una de ellas, en el orden que determine la Sala. A su juicio, la tramitación paralela acordada por la mayoría de los jefes de bancada —con el visto bueno de la secretaría de la Cámara— no se ajusta a esa regla y, por tanto, podría “manchar la iniciativa con una inconstitucionalidad”.
El legislador advirtió que este mecanismo abre un flanco para una eventual reclamación ante el Tribunal Constitucional, tanto por aspectos de forma como de fondo. En la oposición ya se están recopilando antecedentes para preparar una impugnación, aunque todavía no hay una decisión final sobre el momento procesal más adecuado para presentarla.
CRÍTICAS AL RITMO DE TRAMITACIÓN
Las quejas no se limitaron al aspecto reglamentario. Los diputados Carlos Bianchi (independiente asociado al PPD), Daniel Manouchehri (PS), Boris Barrera (PC) y Gael Yeomans (Frente Amplio) coincidieron en que el cronograma impuesto no permite un debate serio y profundo.
Manouchehri sostuvo que “el gobierno de Kast quiere votar la Ley de los Súper Ricos sin debate serio” y advirtió que cada semana de discusión deja más en evidencia al oficialismo. Añadió que se trata de un proyecto que, según su lectura, entregaría más de 4.000 millones de dólares anuales al 1% más rico durante 25 años, a costa del resto de la población.
Yeomans, por su parte, calificó como un error abusar de la discusión acelerada, considerando que la iniciativa incorpora múltiples aspectos que recién se están conociendo, como los recortes incluidos en el informe financiero. Barrera, en tanto, pidió que antes de cualquier votación se escuche a economistas, al Servicio de Impuestos Internos, a la ANEF y a las pymes, y exigió conocer los resultados de la mesa técnica que trabajó la semana pasada.
Bianchi señaló que, si realmente existiera la voluntad de tomar esta discusión con la profundidad que requiere, el gobierno podría modificar fácilmente la urgencia.
POSICIÓN DEL OFICIALISMO Y PLAZOS
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, respondió que debe ceñirse a los plazos legales, ya que la iniciativa tiene calidad de suma urgencia, lo que implica que debía ser despachada por la Cámara el jueves 7 de mayo. Sin embargo, ese plazo ya no se alcanzará a cumplir, lo que añade incertidumbre al proceso.
En el oficialismo consideran que los cuestionamientos de fondo deben plantearse una vez concluida toda la tramitación, mientras que las críticas a la forma —como el carácter misceláneo del proyecto, el rango constitucional del artículo sobre invariabilidad tributaria o una posible vulneración al principio de probidad— podrían impugnarse en esta etapa inicial.
La estrategia para una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional aún no está resuelta y fue uno de los temas analizados en la reunión de abogados y dirigentes partidarios realizada la semana pasada.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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