Un grupo de diputadas y diputados de la oposición presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de una circular del Servicio de Registro Civil e Identificación. La medida, según los parlamentarios, podría restringir el derecho a la nacionalidad de niños y niñas nacidos en Chile cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular o con calidad de transeúntes. La solicitud busca que el órgano contralor evalúe si la instrucción se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes.
LA CIRCULAR BAJO CUESTIONAMIENTO
El documento cuestionado es la Circular N°014 de 2026, emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En ella se establecen los criterios que deben seguir los funcionarios al inscribir el nacimiento de hijos de personas extranjeras. Específicamente, instruye que cuando los progenitores se encuentren en situación irregular o sean considerados transeúntes, el niño debe ser registrado como “hijo de extranjero transeúnte”. Esta calificación, advierten los diputados, impide que el recién nacido acceda automáticamente a la nacionalidad chilena, lo que a su vez afecta su identidad y el acceso a servicios básicos desde el primer momento de vida.
Según el ordenamiento chileno, el principio de ius soli —esto es, la nacionalidad por nacimiento en el territorio— está consagrado en la Constitución Política. Sin embargo, la circular introduce una distinción basada en la situación migratoria de los padres, lo que para los recurrentes vulnera ese derecho fundamental.
ARGUMENTOS DE LOS PARLAMENTARIOS
La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Carolina Tello, sostuvo que la infancia debe estar por sobre cualquier disposición administrativa. “No se puede poner en duda la identidad de un niño o una niña que nace en nuestro país”, afirmó, agregando que la circular discrimina a quienes están protegidos tanto por la Carta Fundamental como por los tratados internacionales suscritos por Chile.
Por su parte, el diputado Matías Fernández (FA) calificó la medida como contraria a la Constitución y a los instrumentos internacionales, y señaló que además desconoce el criterio jurisprudencial fijado por la Corte Suprema en materias similares. Fernández advirtió que la situación de vulnerabilidad generada podría incluso facilitar delitos como la trata de niños, dado que la falta de reconocimiento de nacionalidad expone a los menores a redes ilegales.
La diputada Consuelo Veloso coincidió en que la circular afecta los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos, especialmente aquellos que protegen a los menores de edad. En tanto, la diputada Lorena Fries indicó que el gobierno está ampliando esta política para que los niños nacidos de padres en situación irregular no puedan obtener la nacionalidad chilena, lo que contradice tanto la Constitución como la propia Ley de Migraciones. Fries criticó además que se utilicen circulares y decretos para introducir estos cambios sin un debate público.
POSICIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
La presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), Michel-Ange Joseph, recordó que en Chile está prohibido que una persona quede en estado de apatridia, es decir, sin nacionalidad alguna. “Si un niño nace en el territorio chileno, queda en estado de apatridia, ¿qué sería de su futuro en este territorio?”, cuestionó. Joseph también hizo un llamado de atención sobre el impacto que esta medida podría tener en la integración de las comunidades migrantes que han contribuido al desarrollo del país.
LOS PRÓXIMOS PASOS
La Contraloría General de la República deberá ahora analizar el oficio y emitir un dictamen sobre la legalidad y constitucionalidad de la Circular N°014. La resolución de este organismo tendrá un peso importante, aunque no necesariamente vinculante, y se sumará al debate sobre los límites de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales de la infancia.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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