La volatilidad en los mercados energéticos internacionales, impulsada por tensiones geopolíticas y el alza del crudo, ha reconfigurado el tablero de la competitividad. En este escenario, las energías renovables y los sistemas de almacenamiento emergen no solo como alternativas limpias, sino como opciones cada vez más rentables y seguras frente a los combustibles fósiles. Para Chile, el desafío no es solo técnico: radica en ajustar el marco regulatorio y las reglas del mercado para que esa ventaja se traduzca en beneficios concretos para el sistema y los consumidores.
COSTOS EN CAÍDA LIBRE: LA NUEVA ECUACIÓN ECONÓMICA
Un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) subraya que la actual coyuntura vuelve a exponer la vulnerabilidad de las economías dependientes de hidrocarburos. El documento destaca la fuerte reducción de costos de las tecnologías limpias en la última década: la energía solar fotovoltaica ha disminuido sus costos en alrededor de un 87%; la eólica terrestre, cerca de un 55%; y el almacenamiento en baterías, más de un 90%. Estas cifras han mejorado sustancialmente la competitividad de las renovables frente a las fuentes tradicionales, incluso sin considerar externalidades.
En países con alta penetración de renovables, como varios de la Unión Europea, se ha logrado mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del gas en la formación de tarifas eléctricas. La experiencia europea muestra que una mayor participación de fuentes limpias reduce la exposición a los vaivenes del mercado de combustibles.
CHILE: OPORTUNIDAD Y ASIGNATURAS PENDIENTES
Para Chile, el contexto abre una ventana relevante, dada su privilegiada dotación de sol y viento. Sin embargo, aprovechar ese potencial no es automático. El informe de IRENA advierte que se requieren inversiones aceleradas y, sobre todo, un fortalecimiento del marco regulatorio. Entre los desafíos identificados destacan la expansión de la transmisión eléctrica, el desarrollo de sistemas de almacenamiento a gran escala y la necesidad de reglas claras que permitan una integración más eficiente de las renovables al sistema eléctrico nacional.
Un punto crítico que se plantea es que, pese a la reducción de costos de generación, esos beneficios no se traspasan completamente a los consumidores finales. Ello se debe a distorsiones y costos adicionales presentes en el mercado eléctrico local, aspectos que el legislador y los reguladores deben abordar para que la transición energética sea también socialmente equitativa.
ALMACENAMIENTO: EL ESLABÓN NECESARIO
En este contexto, el almacenamiento energético comienza a posicionarse como un elemento clave para la continuidad del suministro renovable. Permite acumular energía generada en horas de alta disponibilidad solar o eólica y liberarla cuando la demanda lo requiere, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados. La drástica baja de costos en baterías —más del 90% en una década— hace que estos sistemas sean hoy técnica y económicamente viables para aplicaciones a gran escala.
De acuerdo con las proyecciones del sector, la evolución futura de los costos de renovables y almacenamiento dependerá de factores como la innovación tecnológica, el acceso a financiamiento, la disponibilidad de insumos críticos (litio, cobre, tierras raras) y, fundamentalmente, el ritmo de las políticas de descarbonización que adopten los países.
MIRADA DESDE EL DERECHO
Para los abogados especializados en energía y regulación, el escenario impone desafíos concretos: la necesidad de actualizar la legislación sectorial, revisar los mecanismos de licitación, establecer reglas claras para el almacenamiento (que hoy carece de un tratamiento normativo específico en la Ley General de Servicios Eléctricos) y perfeccionar los sistemas de transmisión y peajes. Asimismo, la discusión sobre el traspaso de costos y beneficios a los consumidores requerirá un análisis cuidadoso de la estructura tarifaria y de las distorsiones que el informe de IRENA menciona.
La transición energética no es solo un proceso técnico o económico; es también un proceso jurídico-institucional que debe asegurar estabilidad, predictibilidad y competencia en el mercado. El marco regulatorio chileno, basado en el D.L. 830 y sus modificaciones, deberá adaptarse para que las oportunidades que abren las renovables y el almacenamiento se materialicen en un sistema más resiliente, eficiente y justo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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