GOBIERNO ANUNCIA LEY CORTA PARA EXTENDER PLAZOS DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer una iniciativa legal que modificará el actual marco normativo del sector, con el objetivo de evitar una paralización en la acreditación de miles de trabajadores. La subsecretaria Ana Victoria Quintana informó que se presentará una Ley Corta que ampliará en seis meses los plazos clave para la implementación de la Ley de Seguridad Privada, corriendo el límite hasta noviembre de este año.
Esta medida responde a la necesidad de otorgar certezas a una industria que moviliza cerca de US$2.857 millones anuales y da empleo a aproximadamente 300 mil personas en Chile. Sin la extensión, se estimaba que unas 30 mil personas quedarían sin la acreditación ni certificación exigidas por la nueva normativa, lo que habría afectado gravemente la operación de guardias, vigilantes, conserjes e inspectores.
Según detalló la autoridad, la Ley Corta se enfoca en extender los períodos para la presentación de estudios y planes de seguridad por parte de las entidades obligadas, así como para la tramitación de las autorizaciones vigentes del personal de seguridad. De esta forma, se busca dar tiempo suficiente para que los actores del sector puedan adecuarse al nuevo sistema sin interrupciones.
QUÉ CAMBIA CON LA LEY CORTA
La iniciativa modifica la actual Ley de Seguridad Privada, cuyo objetivo es unificar el marco legal vigente, elevar los estándares de capacitación y certificación, y fortalecer una industria crítica para la seguridad del país. Originalmente, los plazos para cumplir con los nuevos requerimientos vencían en mayo, pero con esta ley se extienden hasta noviembre.
La subsecretaria Quintana explicó que “estamos entregando certezas con esta ley corta, que extenderá la aplicación de esta normativa en seis meses más, es decir, hasta noviembre de este año. Podríamos haber enfrentado una situación muy grave al no contar con la acreditación ni certificación de aproximadamente 30 mil personas”.
La medida apunta a prevenir una eventual paralización o afectación significativa en la operación de una industria que es esencial para la seguridad pública. Durante el período de transición, se garantiza la continuidad de las labores de seguridad privada mientras los trabajadores completan su adecuación al nuevo sistema.
AJUSTES AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA
En paralelo, la Subsecretaría informó que sigue avanzando en modificaciones al reglamento de Seguridad Privada, el cual fue retirado al inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast para su revisión. El objetivo es corregir aspectos técnicos e incorporar observaciones recibidas de distintos actores.
Quintana señaló: “Cuando retiramos el reglamento, lo hicimos para perfeccionar su contenido e incorporar la voz de quienes participan directamente en esta industria, porque nuestro objetivo siempre ha sido construir una regulación robusta, aplicable y eficaz. Apuntamos a una normativa más eficiente para el Estado, y, sobre todo, más útil para la protección de las familias de Chile”.
Para ello, se convocó a una instancia de trabajo que reunió a representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), BancoEstado, asociaciones de empresas de seguridad privada y transporte de valores, gremios especializados, centros comerciales, comercio, Poder Judicial, Carabineros de Chile, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Directemar, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y organismos de capacitación.
La subsecretaria agradeció el aporte de todas las instituciones, destacando que “este esfuerzo nos permitirá contar con una legislación robusta y asegurar que quienes trabajen al amparo de esta ley puedan contar con un marco regulatorio acorde a las necesidades del país”.
VISIÓN DE CARABINEROS
El jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, general Stephan Godomar, valoró la iniciativa y subrayó la relevancia de conocer los detalles de cómo se dictarán los reglamentos que afectarán la labor fiscalizadora en terreno. “La seguridad no sólo depende de las instituciones policiales sino de todos los organismos del Estado y privados para abordar los desafíos de manera conjunta”, afirmó.
La Ley Corta y los ajustes reglamentarios representan un paso en la consolidación de un marco legal que busca equilibrar la eficiencia operativa del sector con la protección de las familias chilenas, en un contexto donde la seguridad privada juega un rol cada vez más relevante.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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