La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León durante la segunda jornada de la audiencia de formalización de la investigación. La petición, formulada por la fiscal Constanza Encina, también alcanza a Arnaldo Domínguez, quien fungió como asesor del otrora parlamentario. Para el empresario Juan Silva, en tanto, el Ministerio Público pidió medidas cautelares de menor intensidad: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los otros imputados.
LOS CARGOS FORMULADOS
Lavín León enfrenta acusaciones por tres ilícitos: falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias. De acuerdo con lo expuesto por la persecutora ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, los hechos se habrían extendido al menos desde 2015 hasta 2022.
Según la fiscal Encina, durante ese período el exdiputado habría rendido facturas ideológicamente falsas como si correspondieran a gastos parlamentarios. Este mecanismo, detalló la representante del Ministerio Público, se sustentaba en la emisión de boletas por parte de las empresas MMG y Total Print, ambas vinculadas a Juan Silva, para generar un fondo destinado a cubrir deudas antiguas de Lavín y costos de campañas políticas –no solo las propias del imputado, sino también las de otros candidatos–.
LA SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
La fiscalía calificó la prisión preventiva como la medida cautelar más gravosa del sistema penal y la justificó en la necesidad de asegurar la comparecencia del exdiputado y de su asesor ante la justicia, así como de evitar la posible obstrucción de la investigación. Durante la audiencia, Encina exhibió una serie de conversaciones por mensajería entre Lavín y los demás involucrados.
En esos intercambios, según la persecutora, se advierte una ausencia de referencias a servicios reales que estuvieran siendo prestados, a diferencia de registros de años anteriores donde la comunicación era frecuente y de contenido más bien cotidiano. Este patrón, a juicio de la fiscalía, refuerza la hipótesis de que las facturas carecían de sustento real y habrían sido utilizadas para encubrir pagos ajenos a la función parlamentaria.
SITUACIÓN PROCESAL DE LOS IMPUTADOS
Mientras la defensa de Lavín León y de Domínguez aún no ha manifestado su postura respecto de la petición de prisión preventiva, la situación de Juan Silva es distinta. Para el empresario, el Ministerio Público propuso medidas cautelares menos restrictivas, que serán evaluadas por el tribunal. La audiencia, iniciada el lunes 5 de mayo de 2026, continuará su desarrollo durante la tarde de esta jornada.
PRÓXIMOS PASOS
El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago deberá resolver si acoge o rechaza la solicitud de prisión preventiva para los dos primeros imputados y si concede las medidas alternativas solicitadas para Silva. La decisión se enmarca en la fase de formalización de la investigación, etapa en que se comunican formalmente los cargos y se fijan las primeras cautelares.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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