El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, compareció este martes ante la Comisión de Vivienda del Senado para dar cuenta del Informe Final N° 421 de la Contraloría General de la República, documento que examinó las adquisiciones de terrenos ejecutadas en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. La instancia buscaba esclarecer el alcance de las observaciones formuladas por el órgano contralor y despejar dudas sobre posibles irregularidades en la gestión del suelo público.
CONTEXTO DE LA CITACIÓN
La sesión se desarrolló luego de que el informe de Contraloría generara debate público acerca de los montos pagados y los procedimientos empleados en la compra de terrenos entre 2022 y 2026. Montes, quien lideró la cartera durante ese período, acudió acompañado de su equipo técnico para exponer los fundamentos de la política de suelo implementada y responder las inquietudes de los senadores.
LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
Durante su intervención, el exministro enfatizó que el informe del ente fiscalizador no contiene imputaciones por sobreprecio ni establece perjuicio fiscal. Según explicó, las observaciones se centran en aspectos procedimentales y de gestión, propias de una política pública nueva y de largo plazo. Recalcó que el documento no fue remitido al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, lo que, a su juicio, descarta la existencia de ilícitos.
Montes sostuvo que las compras se realizaron conforme a tasaciones vigentes de los servicios competentes y, en los casos que correspondía, con evaluaciones complementarias. Añadió que cuestionar los valores pagados implica desconocer la dinámica del mercado del suelo urbano y el propósito de la política habitacional, que busca evitar la concentración de viviendas sociales en zonas periféricas.
EL ENFOQUE DE LOCALIZACIÓN
Uno de los ejes centrales de su defensa fue el cambio de criterio en la localización de los proyectos. El exsecretario de Estado argumentó que adquirir terrenos mejor ubicados —cercanos a servicios y conectividad— supone un costo inicial más alto, pero genera una mayor rentabilidad social en el largo plazo. En sus palabras, “comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero termina siendo más barato para el Estado y para las familias”. Advirtió que construir en zonas alejadas implica costos futuros en infraestructura y servicios, como ocurrió en sectores como Bajos de Mena.
CREACIÓN DE UN BANCO DE SUELO
Montes destacó que la gestión de suelo durante su mandato se inscribe en una estrategia de continuidad estatal, iniciada en la administración anterior y profundizada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Subrayó que uno de los objetivos fue la creación de un banco de suelo que permita anticipar la demanda habitacional futura, en lugar de limitarse a comprar terrenos solo cuando los proyectos están listos. “El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir”, señaló.
POSIBLE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Tras la sesión, Montes se refirió a la eventual Acusación Constitucional que se prepara en su contra. Afirmó que está dispuesto a asumir errores en su gestión, pero descartó cualquier falta a la probidad. “Pueden acusarme de cometer errores en muchos momentos, probablemente, pero de ahí a tratar de decir que somos responsables de determinadas cosas de probidad, yo creo que hemos sido muy cuidadosos”, indicó.
REACCIONES DE SENADORES
El senador Fidel Espinoza (PS) valoró la exposición y señaló que, hasta ahora, no se había realizado un análisis pormenorizado del informe de Contraloría. Sostuvo que el documento no habla de sobreprecio ni exige retrotraer compras, sino que formula advertencias para mejorar procedimientos. “Creo que cada uno de los miembros integrantes de la comisión hemos quedado clarísimos respecto a que aquí no hay nada que se acerque a alguna falta a la probidad que ha demostrado durante toda su vida y su carrera política el exministro Montes”, afirmó.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) reconoció la claridad de la exposición de Montes, aunque expresó una visión diferente respecto al cumplimiento de la ley. A su juicio, no se habrían cumplido cabalmente las exigencias de la política de emergencia habitacional, que establecía la elaboración previa de un reglamento para la compra de terrenos y la definición de regiones prioritarias.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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