El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), enfrenta un escenario político complejo mientras se prepara para comparecer esta semana ante el Congreso. La posibilidad de que sea objeto de una nueva acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano ha reactivado las gestiones de coordinación con su tienda política y con el expresidente Gabriel Boric.
ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA
El origen de esta amenaza se remonta a un informe emitido por la Contraloría General de la República que detectó posibles irregularidades en la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, programa emblemático del anterior gobierno. Dicho documento ha servido de base para que sectores de la oposición evalúen la presentación de un libelo acusatorio contra Montes, quien ya enfrentó un proceso similar durante su gestión como ministro y que fue rechazado en su oportunidad por el Congreso Nacional.
La decisión de los parlamentarios republicanos -que cuentan con más de treinta diputados en la Cámara Baja- se resolvería en principio este miércoles, jornada en la que definirían si formalizan la acusación. Cabe recordar que las acusaciones constitucionales en Chile se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política y tienen por objeto determinar la responsabilidad política de altas autoridades, sin que sus efectos se extiendan a la vía penal ordinaria.
GESTIONES POLÍTICAS Y COORDINACIÓN PARTIDARIA
En medio de esta contingencia, Montes sostuvo una reunión con el expresidente Gabriel Boric en las oficinas de este último, encuentro que había sido agendado con anterioridad al viaje del exmandatario a Barcelona. Según fuentes cercanas a la conversación, el tema de la eventual acusación constitucional fue abordado de manera tangencial, pues no constituía el motivo central de la cita.
Paralelamente, el exsecretario de Estado ha mantenido contacto con figuras relevantes del Partido Socialista. Entre ellas destaca el extitular del Interior, Álvaro Elizalde, con quien ha analizado posibles escenarios de defensa. Asimismo, ha sostenido comunicaciones telefónicas con la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, quien tiene previsto organizar para este martes una recepción especial junto a otros parlamentarios socialistas en respaldo a Montes.
AGENDA EN EL CONGRESO
La preparación del exministro incluye dos comparecencias clave esta semana. Este martes a las 10:00 horas asistirá a la comisión de Vivienda del Senado para exponer sobre los antecedentes del informe de Contraloría. Al día siguiente viajará nuevamente a Valparaíso para participar en la misma comisión, pero en la Cámara de Diputados, instancia donde se concentra el mayor riesgo político dada la composición de la oposición.
Montes ha trabajado en la elaboración de minutas técnicas y ha conversado con excolegas de gabinete para preparar su defensa. El equipo que lo acompañará en ambas jornadas está compuesto por tres de sus colaboradores más cercanos durante su gestión: su exjefe de comunicaciones, Emilio Espinoza; el exjefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos; y la exasesora de gabinete, Evelyn Pino.
DEFENSA FRENTE A LAS IMPUTACIONES
Frente a la ofensiva impulsada por el Partido Republicano, Montes y su círculo más próximo elaboraron el pasado 30 de abril una minuta titulada “Aclara desinformación al informe de CGR sobre suelos”, que desarrolla seis puntos destinados a contrarrestar las observaciones del ente contralor. Este documento constituye la base argumental de su defensa, enfocada en demostrar que las decisiones adoptadas se ajustaron a la normativa aplicable.
La situación se ha visto tensada adicionalmente por las declaraciones del actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha manifestado críticas a la gestión de su antecesor y ordenó la instrucción de un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades administrativas, en el marco de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico.
TENSIÓN CON LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
Cabe señalar que las relaciones entre Montes y el gobierno del Presidente José Antonio Kast han estado marcadas por intercambios particularmente duros durante el proceso de cambio de mando. Estas diferencias se han intensificado a raíz del informe de Contraloría, que el actual secretario de Estado ha utilizado como sustento para cuestionar la gestión anterior.
La resolución que adopte el Partido Republicano este miércoles definirá el curso de los acontecimientos. De concretarse la presentación del libelo, el Congreso deberá pronunciarse sobre la admisibilidad y, eventualmente, sobre el fondo de la acusación, en un proceso que podría extenderse por varias semanas.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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