La cuenta mensual de la Cámara de Diputados de este lunes incluyó 31 documentos, pero fue un proyecto específico del Frente Amplio el que desató una inesperada ofensiva de la derecha contra el presidente de la Corporación, Jorge Alessandri (UDI). La iniciativa, que busca modificar el cobro de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), reavivó el debate sobre los límites constitucionales del poder legislativo en materias de gasto público y administración financiera.
EL PROYECTO EN CUESTIÓN
En el punto 27 de la tabla, el proyecto presentado por los diputados Gael Yeomans, Matías Fernández y Emilia Schneider propone otorgar tres nuevas facultades a la Tesorería General de la República (TGR) en el marco del cobro de la deuda del CAE. La iniciativa fue declarada admisible por la mesa directiva, lo que permitió su envío a comisiones para su discusión. Sin embargo, la derecha cuestionó la decisión, argumentando que el proyecto incurría en una vulneración a la Constitución al irrogar gasto fiscal y afectar la administración financiera del Estado.
LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, fue el primero en manifestar sus reparos. Planteó ante la sala que la iniciativa debía ser revisada por la Secretaría de la Cámara en cuanto a si implicaba un gasto fiscal. A su juicio, la sola creación de nuevas funciones para la Tesorería podría tener impacto en las finanzas públicas.
En la misma línea, el diputado republicano José Carlos Meza agregó que la pregunta no solo debía ser si el proyecto irroga gasto, sino también si afecta la administración financiera del Estado. Aseguró que ambas consideraciones podrían llevar a concluir que la propuesta es inconstitucional. Su par de bancada, Luis Sánchez, secundó el planteamiento.
El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, fue más específico y citó el artículo de la Constitución que reserva al Presidente de la República la facultad exclusiva para iniciar proyectos de ley que irroguen gasto público. “No entiendo cuál fue el criterio que se aplicó para darle admisibilidad”, señaló en la sala, dejando en evidencia la molestia del oficialismo por la decisión del presidente de la Cámara.
LA DEFENSA DE ALESSANDRI
Consultado por este medio, Jorge Alessandri sostuvo que la Secretaría de la Cámara revisó el proyecto y, aplicando las reglas institucionales, determinó que debía derivarse a la Comisión de Educación. Explicó que la iniciativa establece reglas de cobro, pero no irroga gasto ni se inmiscuye en la administración financiera del Estado. “Yo respaldo y viso esa decisión de la Secretaría”, enfatizó el diputado presidente.
Cabe recordar que la sala finalmente optó por enviar el proyecto a la Comisión de Educación, y no a la de Hacienda como solicitaban algunos parlamentarios de derecha. La decisión se produjo luego de que la diputada Schneider solicitará la derivación a la Comisión de Ciencias, presidida por Daniel Manouchehri (PS), pero finalmente primó el criterio de la mesa.
EL DEBATE DE FONDO
Más allá de la disputa por la admisibilidad, el episodio pone sobre la mesa la tensión recurrente entre el poder de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y la facultad de los parlamentarios para legislar en materias que, sin crear un gasto directo, sí pueden impactar la administración de recursos públicos. En el caso del CAE, la discusión no solo es jurídica, sino también política, dado que el proyecto del Frente Amplio busca aliviar la carga de los deudores, un tema sensible para las bases del oficialismo.
La controversia deja en evidencia que, pese a los criterios técnicos de la Secretaría, la interpretación de las normas constitucionales sigue siendo un campo de disputa entre las fuerzas políticas. Para los abogados especialistas en derecho constitucional y administrativo, este tipo de incidentes suelen servir como insumo para análisis sobre los límites del poder legislativo y la correcta aplicación del artículo relativo a la iniciativa exclusiva presidencial.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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