Una sesión marcada por la tensión y los cruces de amenazas se vivió esta semana en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde el exministro Carlos Montes (PS) fue citado para dar cuenta del informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la compra de terrenos vinculados al Plan de Emergencia Habitacional, ejecutado entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.
El encuentro, calificado por algunos como caótico, abrió un frente político delicado para el extitular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Diputados de la oposición, entre ellos Hotuiti Teao (Ind. UDI) y Paz Charpentier (Republicano), ya han adelantado que evalúan presentar una acusación constitucional en su contra, basándose en las observaciones del organismo contralor.
EL PESO DE UN LIBELO CONSTITUCIONAL
El plazo para impulsar dicho libelo no es indefinido. De acuerdo con la Constitución, la posibilidad de perseguir responsabilidades políticas de exsecretarios de Estado tiene un margen que vence el próximo 11 de junio, lo que convierte a esta sesión en un hito clave para definir los pasos a seguir por parte del oficialismo.
Durante la sesión, la diputada Charpentier fue directa al señalar que su inclinación es presentar la acusación. La parlamentaria afirmó que no existe un afán de invertir tiempo en una acusación sin fundamento, sino ejercer su deber para que se aplique la responsabilidad política correspondiente. Agregó que, al igual que la Contraloría, tienen la convicción de que hubo infracciones a la ley y a la Constitución.
La respuesta del exministro Montes no se hizo esperar y fue igualmente severa. Advirtió que una acusación de ese tipo podría desatar una escalada de libelos que afectaría al propio gobierno del Presidente José Antonio Kast. En sus palabras, “las guerras de acusaciones constitucionales han hecho mucho daño al Parlamento”, dejando entrever que la oposición también podría verse perjudicada.
UN ANTECEDENTE DE CONFLICTOS
En el oficialismo, algunas voces reconocen en privado que, más allá de los méritos jurídicos de una eventual acusación, existe el temor de que esta abra una temporada de libelos constitucionales con efectos negativos para el Ejecutivo. Como referencia, durante el gobierno de Sebastián Piñera se presentaron seis acusaciones contra ministros y dos contra el propio Presidente. En la actual administración de Gabriel Boric, ya se han registrado ocho presentaciones contra colaboradores gubernamentales, sumando además acciones contra altos magistrados.
EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO
En la misma jornada, Montes también encaró al diputado Teao ante las imputaciones de supuestos sobreprecios en la compra de terrenos. El exministro sostuvo que en ninguna parte del informe de la Contraloría se habla de sobreprecios, y ofreció volver a explicar los antecedentes. “No tenemos tiempo”, replicó, señalando que el ánimo debería ser clarificar los errores y buscar soluciones, no solo sancionar.
Montes, visiblemente afectado por los emplazamientos, afirmó que es muy difícil dialogar cuando se hacen afirmaciones sin fundamentos y no hay tiempo para responderlas. En un tono desafiante, señaló: “Si lo que quieren es sancionar a este exministro, bueno, sancionen. Tengo 80 años, cumplo en dos días más. Pueden castigarme los próximos cinco años si la acusación prospera, pero no sé qué significado tendrá para la democracia ni para la vivienda”.
SUSPENSO A LA ESPERA DE LA CONTRALORA
Tras la sesión, la andanada de Montes pareció tener efecto. Tanto Hotuiti como Charpentier dejaron en suspenso la posible acusación, a la espera de que la próxima semana exponga la contralora general, Dorothy Pérez, respecto del informe.
Sin embargo, desde el oficialismo las críticas apuntaron al manejo de la sesión. La diputada Ana María Gazmuri (indep. PC) calificó lo ocurrido como preocupante, señalando que se hicieron acusaciones graves sin leer el informe y con faltas de respeto. Su par del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, arremetió contra el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán (RN), anunciando que evaluarán una censura por su conducción de la sesión, que calificó de inconsecuente y desigual.
El tablero político sigue en movimiento, y el desenlace de esta controversia dependerá de la exposición de la contralora y de las decisiones que adopten los parlamentarios en los próximos días.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
