La directiva de Renovación Nacional decidió poner el caso de la senadora Camila Flores en manos de su Tribunal Supremo partidario, luego de que la Fiscalía de Valparaíso iniciara una investigación por presunto fraude al Fisco. La medida busca que la justicia interna del partido revise los antecedentes que ya están siendo indagados por el Ministerio Público, en una causa que hasta ahora se mantiene bajo reserva.
El origen de la indagatoria se vincula a una denuncia anónima que fue difundida por un medio de comunicación, donde se acusa a la parlamentaria de haberse apropiado indebidamente de las remuneraciones de sus asesores durante el período en que se desempeñó como diputada, entre 2018 y 2026. A raíz de esta denuncia, la Fiscalía de Valparaíso, a través de su Unidad Anticorrupción, abrió una investigación que ha incluido diligencias en el Congreso Nacional.
LA INTERVENCIÓN DEL OS9 EN EL SENADO
Como parte de esas diligencias, funcionarios del OS9 de Carabineros se presentaron este miércoles en la sede del Senado, específicamente en la oficina de la senadora Flores, para recabar información. Este tipo de actuaciones son habituales en causas de carácter penal y se enmarcan dentro de la indagatoria que dirige la fiscal Paola Castiglione, quien previamente participó en el conocido caso SQM.
La fiscal Castiglione lidera la investigación desde la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, y el procedimiento se ha mantenido bajo estricta reserva, conforme a lo que establece el ordenamiento procesal penal chileno.
LA DECISIÓN DE LA DIRECTIVA DE RN
Ante este escenario, la directiva de Renovación Nacional resolvió remitir todos los antecedentes al Tribunal Supremo del partido. Según explicó la secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, la determinación se adoptó con el objetivo de que la justicia ordinaria actúe con celeridad, pero también para que el partido pueda revisar internamente la situación de su militante.
Martorell recalcó que desde RN esperan que la investigación avance con rigurosidad y que los hechos sean esclarecidos a la brevedad. Los antecedentes ya están en poder del Tribunal Supremo partidario, que deberá evaluar si existen méritos para aplicar alguna sanción interna, sin perjuicio de lo que resuelva la justicia penal.
LA POSICIÓN DE LA SENADORA FLORES
Tras las diligencias realizadas por Carabineros, la senadora Flores emitió declaraciones en las que reiteró su disposición a cooperar con la investigación. Señaló que desde el primer momento ha entregado voluntariamente todos los antecedentes requeridos, incluyendo sus cartolas bancarias, y que las actuaciones de la policía forman parte de los procedimientos habituales en este tipo de causas.
La parlamentaria también precisó que la denuncia que dio origen al caso es de carácter anónimo, lo que, a su juicio, debe ser considerado al momento de evaluar los hechos. No obstante, aseguró que confía en el sistema de justicia y en que se aclararán los antecedentes.
CONTEXTO JURÍDICO Y PROYECCIÓN DEL CASO
Desde el punto de vista legal, la investigación por presunto fraude al Fisco se enmarca en el artículo 239 del Código Penal chileno, que sanciona a quienes, en perjuicio del Estado, defraudaren usando de nombre supuesto o atribuyéndose poder, influencia o crédito. En este caso, el foco está en la posible apropiación de remuneraciones de asesores parlamentarios, una práctica que ha sido objeto de diversos cuestionamientos judiciales en los últimos años.
El Tribunal Supremo de RN, por su parte, tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a sus militantes, que pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión del partido, según lo establece su estatuto interno. Sin embargo, estas decisiones no tienen efectos sobre la investigación penal, que sigue su curso ante la Fiscalía y, eventualmente, ante los tribunales de justicia.
La causa sigue bajo reserva y se espera que la fiscal Castiglione formalice la investigación en los próximos meses, si se acumulan antecedentes suficientes. Mientras tanto, la senadora Flores continúa en el ejercicio de su cargo, ya que la ley no contempla la suspensión automática de funciones por la apertura de una indagatoria penal.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
