Los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT) sobre la reducción de la jornada laboral y la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo han reavivado el debate sobre los límites de la interpretación administrativa en Chile. Sin embargo, el abogado David Cristóbal Garay Botta plantea una tesis que va más allá de las acusaciones de sesgo ideológico: el verdadero problema no radica en el color político del gobierno, sino en una técnica legislativa deficiente que compromete la certeza jurídica.
CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS DICTÁMENES
La Ley N°21.561, conocida como «Ley de 40 horas», estableció una reducción escalonada de la jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales. En abril de 2024, la DT emitió el Dictamen N°235/8 para abordar la rebaja proporcional de la hora diaria, estableciendo que, a falta de acuerdo, el empleador debía concentrar la reducción en un solo día de la semana. La justificación apeló al espíritu de la ley: otorgar al trabajador «mayor tiempo para desarrollar su vida personal y familiar».
Simultáneamente, el Dictamen N°84/4 interpretó restrictivamente las causales de exclusión de la limitación de jornada del artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, ampliando el concepto de «fiscalización superior inmediata» a la supervisión por medios electrónicos y automatizados, basada en una «proximidad funcional» más que física.
Las reacciones de los actores sociales no se hicieron esperar. La Central Unitaria de Trabajadores y parte de la doctrina celebraron estos criterios como expresión del fin protector de la reforma. En contraste, el sector empresarial y cierta doctrina más apegada a la literalidad criticaron el apartamiento del texto legal, afectando la certeza jurídica.
EL VERDADERO PROBLEMA: TÉCNICA LEGISLATIVA DEFICIENTE
Garay Botta sostiene que las acusaciones de cambio ideológico pasan por alto un problema más profundo. A su juicio, la cuestión fundamental no depende de los vaivenes políticos del Ejecutivo, sino del cuidado en la elaboración de las reglas. Cuando el legislador deja conceptos abiertos o redacta normas ambiguas, la DT se ve forzada a interpretar, y esa interpretación termina generando incertidumbre.
El autor recuerda que, tras la judicialización de estos dictámenes, la Corte de Apelaciones en diversas causas (Antofagasta ROL 87-2025, Talca ROL 724-2024, La Serena ROL 310-2024) terminó prevaleciendo la interpretación literal de la proporcionalidad. Finalmente, el legislador debió intervenir con la Ley N°21.755 de julio de 2025, cuyo artículo 24 positivizó el criterio administrativo de la DT.
Para Garay Botta, esta secuencia evidencia un costo institucional evitable: empleadores sancionados bajo criterios después desautorizados, trabajadores que no saben a qué atenerse y una DT vacilante.
EL CARÁCTER SUBÓPTIMO DE LAS REGLAS
Un equívoco central, según el autor, es asumir que si la aplicación literal de una regla produce un resultado insatisfactorio, el intérprete está llamado a corregirla. Citando al filósofo Joseph Raz, explica que las reglas operan como «razones excluyentes» que desplazan ciertas consideraciones de la deliberación. Esto implica que siempre habrá casos particulares donde el resultado sea subóptimo; es un rasgo estructural de las reglas.
Cuando la DT, al encontrar que la rebaja proporcional producía un resultado que juzgó insatisfactorio, reescribió la regla mediante dictamen, desconoció esta tensión estructural. Una regla que se reformula cada vez que arroja resultados subóptimos deja de ser una regla para convertirse en una ocasión renovada de decisión administrativa.
LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN
Respecto al artículo 22 inciso segundo, Garay Botta advierte que la apertura textual no autoriza cualquier interpretación. Aunque los cánones hermenéuticos -incluyendo el principio in dubio pro operario- permiten flexibilidad, existe un límite: el texto debe mantener una alteridad frente al intérprete. De lo contrario, la norma pierde su capacidad de orientar la conducta.
El autor sostiene que el umbral para desplazar la literalidad debe ser exigente. Extender el principio protector a casos donde la literalidad es clara no es aplicarlo, sino reemplazarlo por un criterio voluntarista que termina debilitándolo.
CONCLUSIÓN: LA EXIGENCIA AL LEGISLADOR
Garay Botta concluye que la crítica debe apuntar a la técnica legislativa. La falta de precisión normativa genera un péndulo administrativo que oscila, tribunales que corrigen y reformas que llegan tarde. El llamado a diputados y senadores no es por un culto a la forma, sino para plasmar efectivamente los valores que representan a través del derecho.
David Cristóbal Garay Botta es abogado litigante en materia laboral, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Filosofía Jurídica por la Universidad Carlos III de Madrid y diplomado en Derecho Probatorio por la Universidad Alberto Hurtado.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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