La oposición ha generado un intenso debate político y jurídico en torno al proyecto de ley de reconstrucción presentado por el Gobierno. La controversia se desató luego de que el diputado Jaime Araya (IND-PPD) anunciara que los partidos opositores ingresarían cerca de 2.500 indicaciones a la iniciativa, calificando la acción como un “tsunami”. La respuesta del oficialismo no se hizo esperar: desde La Moneda acusaron un “boicot” legislativo que, a su juicio, solo busca retrasar la tramitación de la norma, en lugar de contribuir a su mejora.
Sin embargo, la postura opositora no es monolítica. Diversos parlamentarios han salido a matizar las declaraciones de Araya y a defender su derecho constitucional a presentar indicaciones, al tiempo que critican la actitud del Gobierno.
LAS DIFERENCIAS EN LA OPOSICIÓN
El diputado Luis Cuello (PC) calificó de “audaces” las acusaciones oficialistas. Recordó que el Gobierno presentó una reforma tributaria que, a su juicio, es regresiva y bajo un “rótulo falso”, y que ahora pretenden aprobarla de forma express. “Los tramposos están acusando trampa”, afirmó. Cuello adelantó que presentará su propuesta de Royalty Portuario como indicación, una herramienta que busca impulsar el desarrollo de las ciudades puerto.
En la bancada PPD-Independientes, el subjefe Héctor Ulloa explicó que hasta el momento no han ingresado ninguna indicación, pero que están trabajando con abogados y economistas en un paquete de propuestas que darán a conocer el lunes. Su foco estará en la clase media, las pymes y mypymes. “Invitamos al Gobierno a transparentar si va a pasar máquina o abrirá el debate para perfeccionar el proyecto”, sostuvo.
POSICIONES ENCONTRADAS DENTRO DEL MISMO BLOQUE
El diputado Carlos Bianchi, también de la bancada PPD-Independientes, se desmarcó del “tsunami” anunciado por Araya. Señaló que esas declaraciones fueron a título personal y no representan a la bancada. Bianchi precisó que presentarán entre 25 y 35 indicaciones, lo que considera normal. “Indicaciones que apuntan a perfeccionar el instrumento, jamás a entorpecer”, indicó. Además, criticó que el presidente Kast y el ministro Quiroz hayan minimizado el debate, sugiriendo que si no se aprueba la ley, se gobernará vía decreto.
Bianchi advirtió que existe una “contaminación del diálogo” y que no se les permite colegislar, pues una vez ingresadas las indicaciones, sean una o 10.000, todas serían declaradas inadmisibles. “Esa es la estrategia del Gobierno”, afirmó.
LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y EL FRENTE AMPLIO
La diputada Priscilla Castillo (DC) aseguró que su bancada actuará con seriedad. Presentarán entre 25 y 30 indicaciones, estrictamente necesarias para mejorar y corregir el proyecto, sin dilatar su tramitación.
Desde el Frente Amplio, la diputada Constanza Schönhaut subrayó que el proyecto requiere indicaciones para hacerse cargo de las críticas transversales que ha recibido. Instó al Gobierno a escuchar a organismos como el FMI, el CFA y la Corte Suprema, y a hacer uso de sus facultades exclusivas. “Como oposición, nuestro rol es colaborar mejorando un texto defectuoso basado en proyecciones fantasiosas de crecimiento”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) puso el acento en la actitud gubernamental. Consideró que amenazar con gobernar por decreto si no se aprueba la ley es “legal, pero no democrático”. Para Fries, introducir indicaciones no es sabotaje, sino “forzar un debate democrático”.
LA POSTURA DEL PARTIDO SOCIALISTA
El jefe de la bancada PS, Raúl Leiva, informó que ya entregaron sus indicaciones al Ministerio de Hacienda. Aseguró que cada una de ellas estará debidamente acotada y fundada dentro de un marco institucional. “El Partido Socialista nunca va a renunciar a un debate legislativo serio y responsable”, concluyó.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
